Milei habilita la privatización de AySA y autoriza cortes de agua por falta de pago
Informate en DiarioPampero.com – El Gobierno modificó el marco legal que impedía la venta de AySA, autorizando la transferencia de acciones y los cortes de agua por falta de pago. La empresa podrá auditar obras y usar sus ingresos como garantía financiera. El Ejecutivo justificó la medida por el deterioro operativo y la necesidad de inversiones para ampliar la cobertura del servicio.
El Gobierno reformuló por decreto el marco regulatorio de los servicios de agua potable y cloacas, permitiendo cortes del servicio ante la mora y abriendo la puerta a la privatización de AySA mediante la venta total o parcial de las acciones estatales.
El presidente Javier Milei formalizó un avance decisivo hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025. La normativa, difundida este martes en el Boletín Oficial, introduce modificaciones en el marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales, con implicancias directas sobre el control estatal, la participación privada y las condiciones de prestación del servicio.
Entre los cambios más relevantes, el decreto establece que AySA podrá proceder al corte del suministro de agua en casos de falta de pago, una medida que hasta ahora no se encontraba contemplada de manera expresa en la regulación vigente. Además, la empresa asumirá nuevas funciones técnicas como la auditoría y supervisión de obras dentro del área regulada, y podrá utilizar los fondos derivados del Contrato de Concesión como garantía de repago en esquemas de financiamiento.
Habilitación para la venta de acciones estatales
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma consiste en la eliminación de las restricciones que impedían al Estado nacional transferir su participación en AySA. Hasta ahora, el 90% del capital accionario estaba en manos estatales y considerado intransferible. Con la derogación del artículo 2° del Decreto Nº 304/06, se autoriza la venta total o parcial de dichas acciones, lo que habilita formalmente la incorporación de capital privado en la prestación del servicio.
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que el marco regulatorio previo había sido diseñado para una estructura de gestión estatal que no se adecúa a las exigencias actuales en términos de inversión, cobertura y eficiencia operativa. Según el Ejecutivo, la decisión responde a un contexto de deterioro financiero y operativo en AySA, que imposibilita al Estado sostener y ampliar el servicio con los recursos disponibles.
La norma se inscribe dentro de una estrategia más amplia de reorganización del sector público y apertura a la inversión privada, en un escenario de restricciones presupuestarias y demandas crecientes por parte de la población en el área metropolitana. El texto oficial remarca que la estructura actual de la empresa resulta insuficiente para atender las exigencias de calidad, cobertura y sustentabilidad que impone la prestación del servicio.
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