Milei habría amenazado con echar a Sturzenegger tras la crisis que paralizó los puertos
La crisis por la desregulación del servicio de practicaje abrió una fuerte tensión dentro del Gobierno nacional. Según La Política Online, Javier Milei reaccionó con furia ante la paralización de los puertos y llegó a amenazar con desplazar a Federico Sturzenegger. El Ejecutivo finalmente suspendió el Decreto 690/2026, abrió una negociación con el sector y restableció de manera temporal las reglas anteriores.
Infórmate en DiarioPampero.com – Javier Milei habría amenazado con echar a Federico Sturzenegger después de conocer el alcance de la crisis provocada por la reforma del servicio de practicaje. La medida dejó decenas de buques sin operar y afectó el comercio exterior argentino. El Gobierno terminó suspendiendo el Decreto 690/2026, desplazó al ministro de la negociación y abrió una mesa con el sector. La versión sobre la reacción presidencial fue publicada por La Política Online durante el conflicto
Una disputa por las reglas que regulan el movimiento de los grandes buques terminó generando un problema político dentro del Gobierno de Javier Milei. La reforma impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encontró una resistencia inmediata entre los prácticos y pilotos navales. La consecuencia fue una fuerte alteración de la actividad portuaria y una rápida intervención de la Casa Rosada.
La tensión habría alcanzado directamente a Federico Sturzenegger. Según publicó La Política Online, Milei reaccionó con enojo cuando recibió información sobre la dimensión que había tomado la paralización. De acuerdo con esa versión, el Presidente llegó a plantear la posibilidad de echar al ministro, a quien responsabilizó por haber impulsado una modificación que desencadenó el conflicto.
La amenaza atribuida al mandatario no fue confirmada públicamente por la Presidencia ni por Sturzenegger. Por esa razón, corresponde distinguir esa información de los hechos que sí quedaron registrados oficialmente. Lo comprobable es que el Gobierno dio marcha atrás con la aplicación inmediata de la reforma, apartó al Ministerio de Desregulación del centro de las conversaciones y trasladó la negociación a otras áreas del Ejecutivo.
El origen de la crisis fue el Decreto 690/2026, firmado el 30 de julio y publicado al día siguiente. La norma aprobó un nuevo reglamento para los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina. El objetivo declarado por el Ejecutivo era reducir restricciones, facilitar el ingreso de nuevos prestadores y modificar un régimen que provenía de comienzos de la década de 1990.
Los prácticos son profesionales especializados que asesoran a los capitanes durante maniobras de ingreso, salida y navegación en zonas que requieren conocimiento específico. Su actividad tiene una relación directa con la seguridad de los buques, las instalaciones portuarias y las vías navegables. Por ese motivo, los cambios introducidos por el Gobierno generaron cuestionamientos entre quienes trabajan en el sector.
El nuevo reglamento permitía una mayor libertad de contratación y eliminaba límites para la inscripción de profesionales habilitados. Además, establecía que las tarifas serían acordadas entre prestadores y usuarios, aunque la Agencia Nacional de Puertos y Navegación podría determinar valores máximos. El esquema también modificaba distintas condiciones vinculadas con la prestación obligatoria del servicio.
Otro de los puntos que provocó rechazo fue la posibilidad de que determinados buques prescindieran de prácticos bajo ciertas condiciones. El Gobierno sostenía que el sistema anterior generaba costos elevados y barreras para la competencia. En cambio, referentes del sector advertían que una flexibilización excesiva podía comprometer la seguridad durante operaciones particularmente complejas.
La respuesta fue inmediata. Numerosos profesionales dejaron de prestar servicios y el movimiento de embarcaciones comenzó a acumular demoras. La protesta alcanzó terminales de la hidrovía del río Paraná y diferentes puertos marítimos. En pocas horas, el conflicto dejó de ser una discusión regulatoria y comenzó a afectar directamente las exportaciones, las importaciones y la circulación de combustibles.
Distintas estimaciones difundidas durante aquellos días ubicaron entre más de 100 y alrededor de 185 la cantidad de buques que quedaron demorados. La Política Online sostuvo que fueron cerca de 180. Las diferencias responden al momento en que se realizaron los relevamientos, ya que el número aumentó a medida que se prolongaba la interrupción del servicio.
También circularon cálculos privados sobre pérdidas y sobrecostos. Algunas estimaciones señalaron que cada embarcación podía afrontar entre US$50.000 y US$100.000 diarios por penalidades contractuales, demoras y mayores gastos operativos. La Política Online estimó que el impacto económico acumulado alcanzó al menos US$300 millones, aunque no existió una cifra oficial equivalente difundida por el Gobierno.
La Prefectura Naval Argentina intentó inicialmente normalizar la situación mediante intimaciones a los profesionales habilitados. El organismo exigió la inmediata puesta a disposición de los servicios y advirtió sobre posibles sanciones. Sin embargo, esas actuaciones no consiguieron resolver el problema y la cantidad de embarcaciones demoradas continuó generando preocupación.
El escenario obligó al Ejecutivo a modificar su posición. El conflicto ya no afectaba solamente al Ministerio de Desregulación. Las consecuencias alcanzaban a exportadores, importadores, terminales portuarias, empresas navieras y sectores dependientes del normal abastecimiento. Frente a ese panorama, la Casa Rosada decidió buscar una salida negociada.
La crisis portuaria terminó convirtiendo una reforma regulatoria en un problema interno para el Gobierno. La paralización del practicaje afectó el movimiento de numerosos buques, generó costos para el comercio exterior y llevó a Milei a suspender el esquema impulsado por Sturzenegger. Según La Política Online, esa situación provocó además una fuerte reacción presidencial contra el ministro.
Las conversaciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La negociación permitió alcanzar un acuerdo con representantes del practicaje y pilotaje para que la actividad volviera a funcionar. Como parte de ese entendimiento, los profesionales retomaron sus tareas y aceptaron una reducción del 20% sobre las tarifas que estaban vigentes.
El Gobierno, por su parte, aceptó suspender los efectos del Decreto 690/2026. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 716/2026. Esa segunda norma restituyó temporalmente las disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por la reforma aprobada apenas unos días antes.
La velocidad de la marcha atrás expuso la dimensión del problema. El decreto original había sido publicado el 31 de julio. El 6 de agosto ya figuraba publicada la disposición que suspendía sus efectos. Así, una reforma diseñada para modificar profundamente la organización del servicio permaneció operativa durante un período muy breve antes de quedar frenada por el conflicto.
El Decreto 716/2026 reconoció expresamente que las medidas adoptadas por los prestadores habían generado una situación que ponía en crisis el funcionamiento normal del sistema. La norma también dejó asentado que funcionarios nacionales y representantes del sector habían acordado una serie de pasos destinados a restablecer la actividad.
Entre esas medidas quedó establecida la creación de una mesa de trabajo dentro del Ministerio de Seguridad Nacional. El espacio incorpora también a la Prefectura Naval Argentina, a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y a representantes vinculados con los servicios de practicaje y pilotaje.
El objetivo es elaborar un nuevo marco para la actividad mediante un proceso de discusión entre las partes. De este modo, el Ejecutivo pasó de aplicar una reforma de manera directa a buscar consensos con un sector que había rechazado varios de sus componentes. Mientras funcione esa instancia, permanece suspendido el régimen que había diseñado Sturzenegger.
La decisión tuvo además una lectura política. Federico Sturzenegger había construido buena parte de su gestión alrededor de una amplia agenda de desregulación. En este caso, sin embargo, el rechazo del sector afectado produjo una paralización que obligó al Gobierno a intervenir y a modificar rápidamente el rumbo inicial.
Según La Política Online, fue precisamente el costo político y económico del episodio lo que desató la furia de Milei. El medio afirmó que el mandatario expresó en la residencia de Olivos su intención de desplazar al ministro. La publicación vinculó aquella reacción con la información que recibió el Presidente sobre buques demorados y pérdidas vinculadas con el comercio exterior.
Hasta el momento, Sturzenegger continúa ocupando el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Por lo tanto, la amenaza atribuida a Milei no derivó en un desplazamiento efectivo. Sí ocurrió, en cambio, un cambio concreto en la conducción de la salida del conflicto, ya que la negociación dejó de estar encabezada por el área que había promovido la reforma.
El episodio también mostró los límites que puede encontrar una modificación regulatoria cuando afecta actividades directamente relacionadas con el comercio exterior. La operatoria portuaria depende de múltiples actores y cualquier interrupción puede trasladarse con rapidez a las cadenas logísticas. Por ese motivo, la continuidad de los servicios terminó pesando en la decisión presidencial de suspender el nuevo régimen.
El acuerdo no implica que el Gobierno haya abandonado su intención de modificar las reglas. El Decreto 716/2026 creó expresamente un ámbito para discutir un nuevo reglamento. Sin embargo, cualquier cambio deberá atravesar ahora una instancia de diálogo que no estuvo presente con la misma intensidad durante la elaboración del esquema suspendido.
Mientras tanto, el régimen anterior recuperó vigencia durante la suspensión. La actividad portuaria comenzó a normalizarse después del entendimiento, mientras el Ejecutivo quedó obligado a revisar una reforma que pocos días antes había presentado como parte de su política de reducción de regulaciones y costos.
La crisis dejó así dos planos diferentes. En el institucional, el Gobierno suspendió oficialmente el Decreto 690/2026 y abrió una mesa para negociar nuevas reglas. En el político, la versión publicada por La Política Online describe un fuerte enfrentamiento entre Milei y Sturzenegger, con una amenaza de despido que finalmente no se concretó.
El desenlace futuro dependerá del nuevo reglamento que surja de las conversaciones. Por ahora, el dato concreto es que el Ejecutivo tuvo que retroceder pocos días después de aplicar la reforma. El episodio dejó a Sturzenegger apartado de la negociación inmediata y expuso el costo que puede generar una disputa regulatoria cuando termina interrumpiendo una parte esencial del comercio argentino.
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