El Gobierno formalizó la designación de 42 jueces y camaristas, nueve fiscales y 12 defensores públicos
Javier Milei formalizó el nombramiento de 63 funcionarios judiciales, entre magistrados, fiscales y defensores públicos. La cobertura de vacantes alcanza tribunales y organismos de distintos puntos del país y reabrió el debate sobre antecedentes, vínculos e independencia judicial.
Infórmate en DiarioPampero.com – Las designaciones se suman a recientes nombramientos en cámaras federales que intervienen en expedientes sensibles para el Gobierno, mientras algunos de los magistrados promovidos registran antecedentes que fueron objeto de cuestionamientos públicos.
El presidente Javier Milei firmó 63 nuevas designaciones en el Poder Judicial y los ministerios públicos, luego de los acuerdos otorgados por el Senado. La tanda comprende 42 magistrados, nueve fiscales y 12 defensores públicos destinados a cámaras, tribunales, juzgados, fiscalías y defensorías de diferentes jurisdicciones.
La cobertura de cargos se produce en un escenario marcado por numerosas vacantes y subrogancias dentro de la Justicia nacional y federal. Entre las designaciones figuran Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Rosario, María Soledad Mancini y Facundo Carlos Cortés para la Cámara Federal de Córdoba, y Andrés Guillermo Fraga para la Cámara Federal de San Justo.
El nombramiento de 63 funcionarios judiciales también se inscribe en una política más amplia de cobertura de puestos estratégicos. Días antes, Milei había formalizado las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que interviene en investigaciones de relevancia política e institucional.
Antecedentes y causas bajo la mirada pública
Bertuzzi comenzó a intervenir poco después de asumir definitivamente en expedientes sensibles, entre ellos la causa vinculada con $LIBRA y otra investigación que involucraba al ministro de Economía, Luis Caputo. La cercanía temporal entre su nombramiento y esas resoluciones generó cuestionamientos políticos, aunque las decisiones judiciales deben evaluarse por sus fundamentos y no implican por sí mismas una irregularidad.
En el caso de Yadarola, volvió a mencionarse su participación en el viaje a Lago Escondido de 2022 junto con otros jueces, funcionarios y empresarios. Aquella investigación judicial terminó con el sobreseimiento de los involucrados, por lo que el episodio no permite atribuirles responsabilidad penal, aunque continuó siendo objeto de debate público por sus implicancias institucionales.
Otros nombramientos también arrastran antecedentes discutidos públicamente, como los de Fraga y Malaponte. En este contexto, la cobertura de vacantes aparece como una necesidad institucional, mientras el debate se concentra en la trayectoria de los funcionarios elegidos, sus vínculos y la autonomía con la que deberán actuar frente a expedientes que involucren al poder político.
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