Nación vende dos terrenos que son Bienes del Estado, en La Pampa y en todo el país
El Gobierno Nacional avanza en la venta de más de 400 terrenos y edificios públicos, despertando críticas sobre la reducción patrimonial y sus beneficiarios. En La Pampa, la inclusión de terrenos clave generó preguntas sobre las verdaderas intenciones de esta medida.
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmaron el Decreto 950/2024, mediante el cual el Gobierno Nacional autorizó la venta y disposición de más de 400 inmuebles en todo el país. Esta decisión es ejecutada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y se justifica en la intención de reducir los gastos estatales, liberar propiedades consideradas ociosas y generar recursos en medio de la crisis económica actual. En conferencia de prensa, el vocero oficial, Manuel Adorni, aclaró que a los 300 terrenos originalmente previstos se sumaron más de 100 inmuebles adicionales, que incluyen bienes incautados en causas de corrupción y narcotráfico.
La AABE tiene la tarea de avanzar en las subastas antes de fin de año, con el objetivo de vender terrenos y edificios públicos de diversas tipologías. Entre ellos figura el edificio del ex Ministerio de Mujeres, objeto de polémicas por su cierre reciente. Asimismo, se pondrá en venta la histórica sede del INTA en Barrio Norte, Buenos Aires, en un predio de 919 m², que había quedado desafectado al considerarse que no cumplía con los estándares actuales de espacio laboral según la AABE.
En La Pampa: venta de terrenos en Sarah y Santa Rosa genera inquietud
En La Pampa, los terrenos seleccionados incluyen dos propiedades de valor estratégico: uno en Santa Rosa, de 27 hectáreas, ubicado en una zona de crecimiento comercial, y otro en Sarah, al norte de la provincia, donde opera una planta de acopio de cereales de la multinacional Louis Dreyfus Company. Este último ha generado cuestionamientos, ya que días antes del anuncio, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sostuvo reuniones con el CEO de Louis Dreyfus para discutir la expansión de la red de acopio de la empresa en Argentina. La coincidencia temporal de los hechos levantó sospechas entre sectores locales sobre posibles beneficios a la multinacional en la venta del terreno en Sarah.
Repercusiones y críticas
La venta masiva de inmuebles, que prevé recaudar unos 800 millones de dólares, ha sido criticada por representantes locales y organizaciones sociales, que temen que se estén favoreciendo intereses privados en detrimento de proyectos sociales o de necesidades provinciales. Según el Gobierno, estos inmuebles «ociosos, con mal uso o de mantenimiento costoso» representan una carga para las finanzas públicas, y su venta, dicen, contribuirá a “mejorar la eficiencia del Estado”. Sin embargo, varios analistas apuntan a la rapidez con la que se busca avanzar en el proceso y señalan que algunos terrenos y edificios, especialmente en zonas urbanas o comerciales, tienen un alto valor que podría beneficiar a grandes inversores o multinacionales interesadas en su adquisición.
El decreto también establece que los ingresos generados estarán destinados a “emprendimientos de interés público, desarrollo e inclusión social”, aunque los detalles específicos sobre estos proyectos no se dieron a conocer. Este silencio ha alimentado la desconfianza de ciertos sectores que critican la falta de transparencia en el proceso y plantean la posibilidad de una revisión del listado completo de inmuebles a ser subastados.
Un plan de austeridad o una oportunidad para inversores privados
A nivel nacional, la inclusión de bienes incautados por causas de corrupción y narcotráfico es una novedad en las políticas de venta de terrenos estatales, y ha sido respaldada por varios sectores que lo ven como una forma de reinvertir bienes mal habidos en proyectos de interés social. No obstante, otros cuestionan el impacto de perder propiedades que podrían servir para el desarrollo de infraestructura pública o social.
Mientras tanto, el Ejecutivo continúa defendiendo la medida, argumentando que los recursos generados aliviarán las arcas del Estado y que el nuevo enfoque de gestión es parte de un plan para hacer que la administración pública sea “más eficaz y menos costosa”. Para muchas comunidades, como en La Pampa, los terrenos en venta representan un recurso importante, y la falta de un destino claro sobre el dinero recaudado mantiene viva la preocupación sobre los posibles beneficios para grupos privados en la adquisición de estos bienes estratégicos.
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