La Corte Suprema unificó criterios médicos y abrió un debate sobre los represores


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La Corte Suprema aprobó un protocolo médico para orientar los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud. La medida podría beneficiar a represores condenados por delitos de lesa humanidad y generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos.

Infórmate en DiarioPampero.com – La acordada fue firmada por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mientras Ricardo Lorenzetti devolvió el proyecto sin firmarlo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la acordada 21/2026, que establece un nuevo protocolo para prisión domiciliaria basado en criterios médicos y penitenciarios. La Resolución 2867/2026 fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial.

El instrumento podría ser considerado en los pedidos de represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich, quienes cumplen sus condenas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

Según el texto aprobado, el protocolo no determina por sí mismo cuándo corresponde conceder o rechazar el beneficio. La decisión seguirá en manos del órgano jurisdiccional que intervenga en cada caso.

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Los criterios del protocolo

El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense y se presenta como una herramienta metodológica para jueces y juezas que deben analizar solicitudes de prisión domiciliaria por motivos de salud. El informe técnico-pericial aportará elementos médicos, pero no reemplazará la resolución judicial.

La normativa contempla la posibilidad de arresto domiciliario cuando una persona enferma no puede recibir el tratamiento adecuado en el lugar de detención, atraviesa una enfermedad terminal o presenta una discapacidad, de acuerdo con las condiciones previstas por la ley.

En el caso de los represores condenados, el debate se relaciona también con que muchos superan los 70 años y presentan problemas de salud. El protocolo establece que debe evaluarse la capacidad real de atención dentro de las unidades penitenciarias.

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El texto asigna relevancia a la información proporcionada por el Servicio Penitenciario Federal y advierte que la existencia nominal de un recurso no demuestra que sea accesible. Como antecedente, menciona la discusión sobre la disponibilidad permanente de una ambulancia en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Además, el protocolo dispone que el Cuerpo Médico Forense informe institucionalmente sobre el estado de las unidades penitenciarias. De acuerdo con el material difundido, ya no se tomarían como referencia principal los relevamientos realizados por organismos como la Procuración Penitenciaria de la Nación o la comisión de cárceles.

La información deberá analizarse junto con los hábeas corpus colectivos presentados por las condiciones de alojamiento en distintas cárceles. A fines de 2024, organizaciones que defienden la denominada “memoria completa” habían promovido sin éxito una acción en favor de detenidos por delitos de lesa humanidad.

La Red Nacional de H.I.J.O.S. cuestionó la acordada y sostuvo que forma parte de una estrategia de impunidad. Según expresó la organización, la medida facilitaría el acceso a la prisión domiciliaria de personas condenadas por su participación en el plan represivo de la última dictadura cívico-militar.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, existen 1.254 personas condenadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ese total, 436 cumplen arresto domiciliario, 73 permanecen en unidades penitenciarias y 58 están alojadas en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

La aplicación del protocolo dependerá de los jueces que intervengan en cada pedido y de los informes sobre el estado de salud y las condiciones concretas de detención. La acordada no implica, según el documento, una concesión automática del beneficio.

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