Patricia Bullrich restablece la doctrina Chocobar permitiendo el uso de armas de fuego sin dar voz de alto

En un giro de política de seguridad, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la restauración de la polémica «doctrina Chocobar», que permite a las fuerzas federales utilizar armas de fuego sin la obligación de dar la voz de alto. La medida, que fue implementada durante el gobierno de Mauricio Macri y derogada por la exministra Sabina Frederic en 2019, ha generado debate y preocupación en diversos sectores.


La Resurrección de la «Doctrina Chocobar»

Bullrich, quien asumió su segundo mandato en el Ministerio de Seguridad hace menos de dos meses, liderará una conferencia de prensa este jueves junto al Secretario de Seguridad, Dr. Vicente Ventura Barreiro, y al jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, para detallar la vuelta del reglamento del protocolo para el uso de armas de fuego.

El Reglamento, suspendido por Frederic, establece en su artículo 3° que los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad deben identificarse e intimar de viva voz a cesar la actividad ilícita antes de usar armas. Sin embargo, se exceptúa este requisito en situaciones donde su aplicación pueda suponer un riesgo de muerte o lesiones graves, poniendo en peligro la vida de los agentes o resultando inadecuado dadas las circunstancias.

La normativa habilita el uso de armas letales «cuando resulten ineficaces otros medios no violentos», en defensa propia o de terceros ante peligro inminente de muerte o lesiones graves, o para impedir la comisión de un delito particularmente grave que presente peligro inminente. Cabe destacar que el reglamento no aplicará a manifestaciones o protestas públicas, ya que continuará vigente la normativa que establece el uso de armas no letales en esos casos.

Debate y Críticas en Aumento

La «doctrina Chocobar» recibe su nombre del policía Luis Chocobar, quien fue condenado por el homicidio del delincuente Juan Pablo Kukoc en 2017. La reunión reciente entre Bullrich y Chocobar se enfocó en la necesidad de modificar el artículo 34 del Código Penal para contemplar la «diferencia de fuerzas y la situación de legítima defensa cuando el agresor se encuentra en fuga».

En medio de la controversia sobre el uso de armas de fuego, la Justicia Federal dictó una medida cautelar contra el protocolo antipiquetes de Bullrich, exhortando al Ministerio de Seguridad a ajustar la actuación de las fuerzas federales a los límites constitucionales. La medida fue solicitada por Celeste Fierro, legisladora porteña del Movimiento Social de los Trabajadores, quien argumentó la inconstitucionalidad del protocolo.

El anuncio de Bullrich marca un cambio significativo en la política de seguridad, generando inquietudes y desencadenando críticas en diversos sectores de la sociedad. La restauración de la «doctrina Chocobar» plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y la protección de los derechos individuales en el ejercicio del poder coercitivo del Estado.

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