Patricia George impulsa la Ley de Emergencia en Salud Mental en La Pampa ante la crisis sanitaria
La diputada Patricia George, del bloque Identidad Peronista, presentó una iniciativa legislativa para declarar la Emergencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos en la provincia. El proyecto, diseñado junto a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, busca dar respuesta al notable aumento de la demanda en el sistema público. Propone obras de infraestructura, la creación de nuevos cargos y el fortalecimiento de redes de contención ante el retiro de fondos nacionales.
Infórmate en DiarioPampero.com – Ante el incremento de padecimientos psíquicos y el ajuste nacional, el bloque Identidad Peronista presentó un proyecto de Emergencia en Salud Mental. La norma prevé reforzar guardias, realizar obras en hospitales de Santa Rosa, Acha y Pico, y crear una rama de operadores telefónicos. Se busca garantizar el acceso a la salud como derecho humano frente a la migración de pacientes del sector privado al público y el desfinanciamiento de programas federales por la actual gestión nacional.
La legisladora provincial Patricia George, integrante del bloque Identidad Peronista dentro del Frente Justicialista Pampeano (FREJUPA), ha formalizado la presentación de un proyecto de ley que busca declarar la Emergencia Pública en Salud Mental y Consumos Problemáticos en todo el territorio de La Pampa. Esta herramienta legislativa surge como resultado de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, respondiendo a un diagnóstico de situación que evidencia la necesidad de una intervención estatal robusta y focalizada frente a un escenario social complejo.
En el análisis de fundamentación, se destaca que en los últimos años la provincia ha experimentado un crecimiento sostenido en las estadísticas de consultas, internaciones y episodios de crisis agudas. Este panorama sanitario no es aislado, sino que se encuentra intrínsecamente ligado al deterioro de las condiciones económicas generales y a la falta de continuidad en las políticas nacionales de asistencia, lo que ha obligado al Estado provincial a asumir mayores responsabilidades para garantizar la cobertura.
La diputada George enfatizó que la salud mental debe ser abordada como un derecho humano inalienable. En sus declaraciones, sostuvo que la administración provincial mantendrá su defensa mediante políticas públicas que sean sensibles a la realidad de los ciudadanos y sostenibles en el tiempo, rechazando la indiferencia frente a los miles de pampeanos que requieren no solo atención médica, sino también contención y oportunidades reales de reinserción social.
Un plan de acción integral para fortalecer la infraestructura sanitaria y los recursos humanos
El núcleo del proyecto establece la declaración de la emergencia por un periodo inicial de dos años, con la posibilidad de ser prorrogada. El objetivo primordial es la ejecución de un Plan Provincial de Emergencia. Este plan faculta al Ministerio de Salud a implementar una serie de medidas concretas, comenzando por el refuerzo de las guardias de salud mental mediante la jerarquización del personal y la mejora en la accesibilidad para el acompañamiento de los grupos familiares de los pacientes. Asimismo, se adoptan las definiciones legales de las leyes nacionales N.º 26.657 y N.º 26.934 para enmarcar los conceptos de padecimiento mental y consumos problemáticos.
En términos de infraestructura y servicios directos a la comunidad, la iniciativa detalla obras prioritarias en los principales centros de salud: los hospitales Molas y Favaloro en Santa Rosa, el hospital Buodo en General Acha y el hospital Centeno en General Pico. A su vez, se proyecta la construcción y el fortalecimiento de Centros de Día comunitarios distribuidos federalmente en localidades como 25 de Mayo, Guatraché, Victorica, además de Acha y Pico. Otro punto relevante es la reestructuración de las líneas de atención 132 y 136, para lo cual se propone la creación específica de la Rama de Operadores de Atención Telefónica en Crisis dentro del escalafón de la Ley 1279.
El proyecto no se limita a la atención clínica, sino que avanza sobre la integración social. Contempla el desarrollo de políticas habitacionales diseñadas para facilitar los procesos de externación acompañada, así como programas de inclusión socio-laboral. Para asegurar la efectividad de estas acciones, se creará una Mesa de Monitoreo Interministerial de reunión mensual y un Observatorio Provincial encargado de la producción de datos estadísticos actualizados. El texto también subraya el impacto negativo de las medidas del gobierno de Javier Milei, señalando el desfinanciamiento de programas federales como un factor determinante que presiona sobre el sistema público provincial debido a la migración de usuarios desde las prepagas.
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