Pensiones por discapacidad: la peor cara del ajuste económico de Milei
Una serie de auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad amenaza con la posible pérdida de pensiones para miles de beneficiarios, suscitando preocupación y críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos.
En los últimos meses, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo, ha enviado citaciones a miles de personas con discapacidad en todo el país. Las cartas documento exigen que los beneficiarios se presenten con documentación que acredite sus ingresos mensuales, bajo el riesgo de perder sus pensiones por «invalidez». Este proceso, que se lleva a cabo en la sede central y otras oficinas, ha generado largas filas y tiempos de espera extensos, y ha incrementado la angustia entre los afectados.
Críticas al proceso y al impacto social
Desde la ANDIS, se argumenta que estas medidas buscan auditar el otorgamiento de las pensiones, utilizando como base un decreto de los años 90 que fue restaurado recientemente. Sin embargo, organizaciones del ámbito social y defensoras de derechos como la Red de Personas con Discapacidad (REDI) han denunciado que el procedimiento es arbitrario y viola derechos constitucionales. Ana Dones, referente de REDI, afirmó que “la pensión es un derecho adquirido y garantizado por la Convención de la OIT, de rango constitucional en Argentina”.
A pesar de las justificaciones del gobierno, la realidad es que solo el 20% de la población con alguna discapacidad percibe este beneficio, de acuerdo con un informe de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El monto de la pensión equivale a aproximadamente el 70% de una jubilación mínima, un ingreso modesto que deja a los beneficiarios en una situación precaria. Por otro lado, Spagnuolo ha admitido que en el presupuesto de 2025 se contempla un recorte de al menos 200 mil pensiones, lo cual ha avivado el temor de miles de familias.
El Centro de Economía Política (CEPA) estima que el ajuste proyectado para el próximo año reducirá en 1.600 millones de dólares los recursos destinados a programas de discapacidad, lo que representa una baja del 40% respecto a los fondos actuales. Esta política, conocida informalmente como “deep motosierra”, anticipa una reducción del número de beneficiarios de 1.226.819 a 1.034.447, dejando a unas 192.372 personas sin apoyo. Spagnuolo incluso ha insinuado que la cifra de afectados podría ascender a 600 mil, un dato que ha encendido las alarmas.
El proceso de revisión, que se extenderá hasta mediados de 2025, ha generado dudas sobre la justificación de estas cifras y sobre la transparencia de los criterios empleados. Mientras tanto, miles de personas con discapacidad y sus familias enfrentan la incertidumbre de perder un recurso fundamental para su independencia y calidad de vida.
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