Personas con discapacidad marchan contra los recortes de Milei
Informate en DiarioPampero.com – Organizaciones de personas con discapacidad marchan al Congreso el 23 de abril para exigir la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027, ante recortes de Milei. El proyecto de Daniel Arroyo busca proteger pensiones, actualizar aranceles y garantizar servicios. Denuncian despidos en ANDIS, cierre de centros y trabas a tratamientos, en violación de derechos constitucionales.
Organizaciones, familias y trabajadores se movilizan al Congreso para exigir la aprobación de la Emergencia en Discapacidad, en respuesta a los ajustes que amenazan pensiones, tratamientos y servicios esenciales.
Organizaciones de personas con discapacidad, junto a familiares, prestadores de servicios y trabajadores, convocan a una marcha este miércoles 23 de abril de 2025 hacia el Congreso de la Nación, bajo la consigna “Discapacidad en Emergencia”. La movilización busca presionar por la aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027, impulsado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria). La iniciativa responde a los recortes presupuestarios y políticas del gobierno de Javier Milei, que han generado una crisis en el acceso a pensiones, tratamientos y servicios esenciales para este colectivo.
La marcha coincide con un plenario de comisiones en Diputados, donde se espera avanzar en el dictamen del proyecto, ya respaldado por las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. La protesta, que incluirá a centros de día, asociaciones y transportistas, también se sumará a una movilización de jubilados, reflejando un descontento social más amplio. Según Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, “el Gobierno ha elegido a las personas con discapacidad como responsables del gasto público, sometiéndolas a ataques permanentes y a un ajuste que deja al borde del colapso a las instituciones que las atienden.”
Una crisis agravada por el ajuste
El proyecto de Emergencia en Discapacidad propone medidas concretas: priorizar el presupuesto para el sector, actualizar mensualmente los aranceles de prestaciones (con un retraso actual del 64%), financiar adecuadamente la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantizar el cupo laboral del 4%. También busca que las pensiones no contributivas, equivalentes al 70% de una jubilación mínima, sean compatibles con el empleo formal y se ajusten con criterios inclusivos. Estas demandas responden a un contexto crítico: talleres protegidos pagan $28.000 mensuales sin actualizarse desde 2023, transportistas no cubren el combustible, y acompañantes pedagógicos enfrentan demoras de hasta 180 días en sus pagos.
Las organizaciones denuncian que el ajuste comenzó con el Decreto 843/24, que limitó el acceso a pensiones no contributivas, y se agravó con la resolución 187/2025 de la ANDIS, que usó términos ofensivos como “idiota” e “imbécil” para evaluar discapacidades, generando un escándalo que obligó al Gobierno a retractarse parcialmente. Maive Carone Fernández, de Discas en Lucha, calificó las auditorías de pensiones como “una campaña de desprestigio” que dificulta el acceso a derechos, exigiendo trámites presenciales en sedes lejanas o inexistentes. Además, el intento de desregular el nomenclador de prestaciones en 2024, frenado por protestas, habría permitido a obras sociales fijar aranceles dispares, afectando la calidad de los tratamientos.
La movilización también reclama la restitución de servicios paralizados por despidos en la ANDIS (330 trabajadores en 2024) y el cierre de 59 Centros de Referencia, que dejaron sin atención a miles. Eduardo Maidana, del Foro Permanente de Discapacidad, destacó que “la falta de transporte y los bajos aranceles han interrumpido tratamientos, afectando la salud y la inclusión de las personas con discapacidad.”
La marcha al Congreso, respaldada por figuras como Germán Martínez y Mónica Fein, busca visibilizar esta crisis y forzar al Gobierno a revertir políticas que, según los manifestantes, violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional en Argentina. La aprobación del proyecto podría ser un paso hacia la protección de derechos fundamentales en un sector que enfrenta un retroceso sin precedentes.
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