Un abogado pide detener a Spagnuolo por nuevas pruebas en la causa ANDIS
El abogado Gregorio Dalbón pidió al juez federal Ariel Lijo la detención de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, tras la incorporación de informes que señalan presuntos sobreprecios, pagos duplicados y diferencias entre productos adjudicados y entregados.
Infórmate en DiarioPampero.com – La solicitud se suma al procesamiento confirmado de Spagnuolo y otros imputados, mientras la Justicia analiza posibles riesgos de entorpecimiento y fuga en la causa.
El abogado denunciante Gregorio Dalbón solicitó al juez federal Ariel Lijo la detención inmediata de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante su gestión.
El planteo fue presentado pocos días después de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 imputados. Según el escrito, nuevos informes remitidos a la Justicia profundizan la hipótesis investigada y podrían indicar riesgos procesales.
Dalbón sostuvo que la documentación describe presuntos sobreprecios, pagos duplicados, inconsistencias en adjudicaciones y entregas de productos diferentes de los contratados. Entre los ejemplos mencionados figura la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por $425 millones, frente a una adjudicación previa del PAMI por $124,2 millones.
Los informes bajo análisis
De acuerdo con la presentación, también se detectaron diferencias de hasta 711% en otros insumos. El abogado mencionó además un implante coclear adquirido a un promedio de 62.613 dólares por unidad, frente a una referencia de mercado cercana a los 16.975 dólares.
Otro de los casos señalados corresponde a una factura de Indecomm que, según la documentación analizada, habría sido abonada dos veces por $28,7 millones cada vez. También se habrían registrado compras en las que el producto entregado no coincidió con el que había sido adjudicado.
El escrito incorpora un informe que detectó diferencias de hasta 4239% en productos ortopédicos. Además, plantea cuestionamientos sobre determinados insumos importados, cuyos valores habrían superado entre 300% y 1000% los de alternativas nacionales.
Dalbón afirmó que los datos no representarían una irregularidad aislada ni una diferencia meramente administrativa. Según su planteo, los nuevos elementos deben analizarse junto con los audios que dieron origen al expediente y con las frases atribuidas a Spagnuolo sobre un supuesto mecanismo de cobro a proveedores.
Entre esas expresiones figura la frase: “Si no hay aporte, no hay medicamentos. Esto es así. No es caridad, es negocio”. El abogado sostiene que esos dichos deben ser confrontados con la documentación incorporada posteriormente a la investigación.
La solicitud también se apoya en la situación procesal del exfuncionario. Dalbón recordó que la Cámara Federal confirmó su procesamiento y consideró necesario avanzar en la determinación de cómo habría funcionado el presunto mecanismo, qué operaciones estuvieron involucradas y quiénes participaron.
Según la presentación, Spagnuolo no habría ocupado un papel periférico, sino que estaba al frente de ANDIS durante el período en el que se habrían desarrollado las operaciones investigadas. Por esa posición, el abogado considera que tendría conocimiento directo de circuitos administrativos, funcionarios y proveedores.
Ese argumento es utilizado para sostener que existiría un riesgo concreto de entorpecimiento de la pesquisa. Entre las medidas pendientes se encuentra una pericia destinada a determinar si la voz de los audios corresponde a Spagnuolo, prueba cuya continuidad fue avalada por la Cámara Federal.
Dalbón también invocó un eventual peligro de fuga. Recordó que desde el comienzo de la investigación pesa sobre Spagnuolo una prohibición de salida del país y mencionó que, durante los allanamientos, inicialmente no habría sido localizado en los domicilios buscados y luego fue encontrado en un country de Pilar.
Con esos argumentos, el abogado sostuvo que las medidas vigentes no serían suficientes para garantizar la investigación y pidió que se ordene la detención. Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá evaluar si existen riesgos procesales concretos que justifiquen una medida de esa magnitud.
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