El Congreso exige datos sobre los supuestos terroristas entre los 30.000 deportados
El presidente Javier Milei afirmó que el Gobierno expulsó a 10.000 personas en 2025 y a otras 20.000 durante 2026 bajo la denominación de “terroristas”. La declaración generó críticas y pedidos parlamentarios para conocer los fundamentos legales y estadísticos de esas cifras.
Infórmate en DiarioPampero.com – La oposición solicitó detalles sobre las expulsiones, inadmisiones y eventuales vínculos formales con actividades terroristas.
Las declaraciones de Javier Milei sobre 30.000 supuestos terroristas deportados provocaron una fuerte reacción política y derivaron en pedidos formales de informes ante organismos del Gobierno nacional.
Durante una entrevista con el periodista Luis Majul, el Presidente sostuvo que su administración había expulsado a 10.000 personas durante 2025 y a otras 20.000 en lo que va de 2026. Milei describió a esas personas como “terroristas”.
Según el mandatario, se trataba de ciudadanos extranjeros que habrían ingresado para intentar “dinamitar el modelo argentino”. También vinculó esas presuntas operaciones con maniobras financieras y corridas contra el país, aunque no presentó en la entrevista documentación pública que respaldara los números.
Pedidos de información oficial
El diputado nacional Maximiliano Ferraro presentó pedidos de acceso a la información pública y solicitudes de informes ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones.
El objetivo de las presentaciones es conocer cuántos extranjeros fueron efectivamente expulsados o inadmitidos, con una discriminación por mes y por categoría jurídica. También se solicitó precisar qué proporción de esos casos estuvo formalmente vinculada con el terrorismo.
Los requerimientos parlamentarios buscan establecer si la cifra mencionada por Milei corresponde a expulsiones concretas, inadmisiones en frontera u otras medidas administrativas contempladas por la normativa migratoria.
La controversia también puso el foco en la Ley de Migraciones. Esa norma prevé restricciones para la permanencia de extranjeros vinculados con actividades terroristas, pero contempla procedimientos y registros específicos para fundamentar esas decisiones.
Entre los elementos mencionados en el reclamo aparecen las imputaciones judiciales, los procesos formales y la posible inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET.
Los sectores opositores sostienen que esas exigencias legales no se corresponden necesariamente con una cifra masiva presentada sin detalle. Por eso reclaman que el Ejecutivo identifique el alcance preciso de los operativos y la situación jurídica de cada caso.
Hasta el momento, el contenido difundido no incluye un desglose oficial que permita verificar cuántas personas fueron deportadas, cuáles fueron inadmitidas y cuántas estuvieron relacionadas formalmente con investigaciones por terrorismo.
La discusión quedó centrada en la necesidad de que el Gobierno brinde un respaldo estadístico y legal a las afirmaciones presidenciales. Los pedidos de informes deberán ser respondidos por las áreas nacionales involucradas en materia de seguridad y migraciones.
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