Policía pampeana abonará en diez cuotas el monto por una pistola sustraída
El Tribunal de Cuentas de La Pampa condenó a una agente policial a pagar $839.000 por la reposición de una pistola reglamentaria sustraída. La funcionaria había pedido una reducción del monto, pero el organismo rechazó sus argumentos y autorizó el descuento en diez cuotas.
Infórmate en DiarioPampero.com – El fallo sostuvo que el arma pertenece al Estado y que debe reponerse con los valores actuales del mercado, aunque el equipo entregado originalmente fuera usado.
El Tribunal de Cuentas de La Pampa resolvió que una agente de la Policía provincial deberá pagar $839.000 por la reposición de su arma reglamentaria, luego de que el organismo considerara acreditado un perjuicio patrimonial para el Estado.
La decisión fue adoptada mediante la Sentencia Nº 2644, publicada en el Boletín Oficial, tras un juicio de responsabilidad iniciado a partir de un sumario administrativo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Jefatura de Policía.
La agente había solicitado que se redujera el monto porque sostuvo que la pistola era usada y que, al ingresar a la fuerza, ya había abonado por el uniforme y los elementos recibidos. El planteo fue rechazado por el tribunal.
Los fundamentos del fallo
El expediente se originó por el extravío o sustracción de una pistola semiautomática marca Bersa, modelo TPR9, calibre 9×19 milímetros, junto con su cargador. Según el sumario administrativo, la agente fue considerada responsable en el ámbito disciplinario.
La Jefatura de Policía estableció en $839.000 el valor necesario para reponer el armamento. Al ser notificada, la efectivo manifestó su voluntad de pagar, aunque pidió que se aplicara una reducción sobre la suma reclamada.
Uno de sus argumentos fue que al ingresar a la fuerza había pagado por el uniforme y los elementos entregados, entre los que incluyó el arma. Desde esa perspectiva, entendía que el costo ya había sido afrontado.
El Tribunal de Cuentas rechazó esa interpretación y explicó que el pago efectuado por los cadetes responde a recaudos administrativos. De acuerdo con el fallo, esa circunstancia no transfiere la propiedad del armamento, que continúa perteneciendo al Estado provincial.
La agente también sostuvo que la pistola sustraída era usada y que exigir el valor de una nueva vulneraba los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Además, planteó que el cobro podía representar un enriquecimiento sin causa para el Estado.
Los vocales María Alejandra Mac Allister y José Carlos Moslares desestimaron ese planteo. En los considerandos señalaron que se trata de un bien de adquisición restringida, que no se comercializa libremente en el mercado abierto.
Según sostuvo el organismo, no resulta factible ni jurídicamente viable que el Estado adquiera un arma usada en idénticas condiciones de desgaste a la que fue extraviada, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.
Por ese motivo, el tribunal entendió que el costo de reponer el equipamiento con los estándares actuales debe ser asumido por la agente responsable y no trasladado a la sociedad. La resolución mantuvo así el monto fijado por la Jefatura de Policía.
Finalmente, el organismo aceptó el pedido de financiación. La Contaduría General de la Provincia deberá descontar diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $83.900 directamente del recibo de haberes de la agente.
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