Por primera vez, San Luis avanzará en la destrucción de armas de fuego secuestradas tras el cierre de causas judiciales
La provincia de San Luis comenzará a eliminar armas de fuego secuestradas que ya no tienen valor judicial, tras la sanción de una ley local y el inminente acuerdo con la Justicia. El procedimiento, supervisado por organismos nacionales, busca evitar desvíos, robos o usos ilegales, y coloca a la provincia en línea con la normativa vigente sobre control y destino final del armamento incautado.
San Luis iniciará por primera vez la destrucción de armas de fuego secuestradas cuyas causas judiciales ya finalizaron, tras avanzar en un convenio con el Poder Judicial. La medida se apoya en una ley provincial aprobada en noviembre y alineada con la norma nacional vigente. El proceso incluye retiro, inutilización, traslado y destrucción total bajo control del Banco Nacional de Materiales Controlados. La acción reduce riesgos y cumple estándares federales.
La provincia de San Luis dará inicio a un proceso inédito en su territorio: la destrucción de armas de fuego secuestradas cuyas causas judiciales ya concluyeron. La medida se concretará mediante la firma de un convenio con el Poder Judicial, lo que permitirá avanzar con el destino final de armamento que hasta ahora permanecía almacenado bajo custodia policial.
Esta posibilidad surge a partir de la aprobación, en noviembre pasado, de una ley provincial que regula la destrucción o reutilización con fines de interés público de armas de fuego secuestradas o decomisadas por orden judicial o administrativa. La normativa local se encuentra en consonancia con la Ley Nacional Nº 25.938, que establece los lineamientos para el tratamiento de este tipo de materiales controlados.
Desde el gobierno provincial explicaron que, tras los procedimientos policiales y judiciales de rigor, las armas quedan depositadas en dependencias oficiales. Una vez finalizadas las pericias correspondientes y cerradas las causas, el armamento permanece almacenado sin un destino definitivo, situación que genera riesgos operativos y de seguridad.
Un procedimiento controlado y con supervisión nacional
La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, señaló que la acumulación de armas en depósitos oficiales no resulta adecuada, ya que existe la posibilidad de extravíos, robos o desvíos hacia circuitos ilegales. Durante una visita al Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac), la funcionaria remarcó la importancia de avanzar en un mecanismo que garantice la eliminación segura del material.
Actualmente, solo dos provincias del país no habían enviado armas secuestradas para su destrucción: Formosa y San Luis. Con este paso, la administración puntana busca revertir esa situación y alinearse con el resto de las jurisdicciones.
Sosa detalló que el procedimiento contempla el traslado de personal del Banco Nacional de Armas a la provincia, quienes se encargarán de retirar el armamento bajo custodia policial. El proceso incluye la inutilización inicial de cada arma en las instalaciones del banco, su embalaje en contenedores especiales y el posterior envío a una empresa especializada en destrucción total. El material resultante es reutilizado según las características del acero, cerrando así el circuito de manera controlada y conforme a la normativa vigente.
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