Presupuesto 2025: el Gobierno asigna la mitad de los fondos solicitados por las universidades
El Gobierno Nacional presentó el Presupuesto 2025 asignando 3,8 billones de pesos a las universidades, menos de la mitad de lo requerido por el Consejo Interuniversitario Nacional. La falta de fondos genera malestar en la comunidad educativa y en sectores de la oposición.
El proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei asigna a las universidades nacionales 3,8 billones de pesos, una cifra significativamente menor a los 7,2 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta decisión ha generado preocupación en el sector académico, ya que la diferencia presupuestaria podría comprometer el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas.
Además, el Gobierno decidió mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID), una medida que ha sido cuestionada por varios bloques opositores, quienes intentan sin éxito restituirlo mediante una ley en el Congreso. La falta de recursos profundiza la crisis en el sector educativo y abre un frente de conflicto con sectores políticos, especialmente con la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal y la Coalición Cívica, aliados del oficialismo en el Congreso.
Conflicto presupuestario con las universidades y la oposición
El malestar por la asignación presupuestaria se suma al reciente anuncio de que el Gobierno destinará el 5,7% del Presupuesto Nacional a la educación, un porcentaje que incluye tanto los fondos para las universidades como los programas de alfabetización, becas Progresar y la asistencia alimentaria en comedores escolares. El diputado Julio Cobos expresó su preocupación en redes sociales, señalando que los recursos asignados están lejos de lo que se necesita para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
Cobos criticó duramente el enfoque del Gobierno, destacando que la educación no está siendo tratada como una prioridad. Además, lamentó que se mantenga la suspensión del artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo, que garantizaba una inversión consolidada del 6% del PIB para la educación.
A pesar de la reducción de fondos para las universidades, el presupuesto incluye programas destinados al desarrollo de la educación superior, la alfabetización, la infraestructura educativa y las becas estudiantiles. Sin embargo, la asignación insuficiente sigue siendo un punto de conflicto clave entre el oficialismo y la oposición.
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