Funcionarios de Milei defienden el presupuesto universitario ante los reclamos del sector
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados recibe a funcionarios del Gobierno para analizar el Presupuesto 2027 destinado a las universidades. La discusión ocurre tras una movilización al Congreso y enfrenta una partida oficial de 7,3 billones de pesos con un reclamo universitario de 11 billones.
Infórmate en DiarioPampero.com – El debate incluye el financiamiento universitario, el cumplimiento de una ley cuestionada y nuevas condiciones de control sobre los recursos públicos.
La Cámara de Diputados retoma este martes a las 10 el debate sobre el Presupuesto 2027 para las universidades, en una sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda marcada por el conflicto entre el Gobierno y la comunidad académica.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, participan del encuentro para presentar los lineamientos de la proyección oficial de fondos y del plan de gestión del Gobierno de Javier Milei.
La discusión se desarrolla después de una movilización frente al Congreso que, según el contenido difundido, derivó en enfrentamientos entre efectivos de fuerzas federales y manifestantes. En ese contexto, el oficialismo sostiene que actúa conforme a la normativa vigente.
La disputa por los fondos
El proyecto del Poder Ejecutivo contempla 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales. De acuerdo con el contenido difundido, esa cifra representa el 25,4% de la pretensión planteada por las instituciones universitarias, que reclaman una asignación global de 11 billones de pesos.
La brecha entre ambas cifras constituye el eje financiero del debate. Los funcionarios deben explicar ante la comisión los criterios utilizados para definir la partida y la política oficial frente a la ley de financiamiento universitario.
Álvarez defendió públicamente la postura del Gobierno y sostuvo que la norma aprobada asignó fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Según esa interpretación, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria.
Ese artículo establece que toda ley que autorice o disponga gastos debe prever expresamente su financiamiento. También dispone que la ejecución quede suspendida hasta que las partidas correspondientes sean incorporadas al presupuesto nacional.
En ese marco, el subsecretario afirmó que el Poder Ejecutivo cumplió con la normativa al promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Además, indicó que el Gobierno acató una medida cautelar judicial vinculada con la causa, que actualmente se encuentra apelada ante la Cámara.
El proyecto de Presupuesto 2027 también incorpora mecanismos de control institucional. Las universidades nacionales deberían presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información requerida para asignar, ejecutar y evaluar la totalidad de los recursos transferidos.
La iniciativa faculta al Estado a interrumpir preventivamente los giros de fondos en caso de incumplimiento de esas obligaciones. A su vez, exige que las resoluciones presupuestarias, la ejecución contable y la cuenta de inversión desglosen la clasificación funcional en educación, cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación.
En materia salarial, el texto establece que las pautas de aumento previstas para 2027 se aplicarían exclusivamente sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes al momento de la liquidación de noviembre de 2026. La excepción alcanza a los incrementos de estructura aprobados por el Ministerio de Capital Humano.
El presupuesto general para la función educación asciende a 9,8 billones de pesos. Según el contenido difundido, el esquema contempla ajustes en programas como las becas Progresar, la asistencia alimentaria a comedores escolares, la infraestructura edilicia, la formación docente y los planes de Educación Sexual Integral.
En contraste con esas reducciones, el proyecto concentra recursos en el Plan Nacional de Alfabetización. El programa recibiría una asignación específica de 773.000 millones de pesos, de acuerdo con la información publicada.
El texto también ratifica la continuidad del reparto automático de recursos educativos destinados a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Esos fondos deben utilizarse para cubrir las funciones educativas locales.
La presentación de Torrendell y Álvarez se produce en una etapa de alta tensión entre el oficialismo y la comunidad universitaria. El debate legislativo deberá abordar tanto la distribución de los recursos como las condiciones de ejecución y control previstas para el próximo ejercicio.
Te puede interesar…
Organizaciones de discapacidad rechazan el proyecto oficial y piden prorrogar la emergencia El Foro Permanente para la Promoción y la...
Una mujer fue trasladada desde Rancul al Hospital Gobernador Centeno tras el choque en las rutas 188 y 9 Una...
Tres muertos, dos jóvenes heridos y conductor imputado por el atropello fatal Tres jóvenes murieron luego de ser atropellados mientras...
Investigan una pelea familiar con un hombre herido por un arma blanca en Santa Rosa Un hombre fue asistido durante...