El acusado de fingir ser juez intentó entrar a una base policial con documentos falsos
Un hombre de 34 años quedó detenido durante 90 días por orden judicial, acusado de hacerse pasar por autoridades de distintos organismos para obtener credenciales del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. La denuncia fue presentada tras detectar inconsistencias en los correos y documentos enviados al Servicio Penitenciario Federal.
Infórmate en DiarioPampero.com – La fiscalía de Rosario investiga una maniobra que habría incluido cuentas de correo falsas, un supuesto expediente penal y un oficio con una firma apócrifa.
La Justicia dictó la prisión preventiva por 90 días para un hombre de 34 años acusado de fingir ser juez e intentar acceder a información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una base que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el imputado habría utilizado cuentas de correo que imitaban direcciones del Poder Judicial y de la Corte Suprema. También habría enviado oficios apócrifos para solicitar claves de acceso ante el Ministerio de Seguridad Nacional y el Servicio Penitenciario Federal.
La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. El fiscal federal Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Ignacio Falconi le atribuyeron los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público.
La maniobra investigada
La fiscalía reconstruyó dos episodios vinculados con los pedidos de acceso al sistema policial. El primero comenzó el 5 de noviembre de 2024, cuando el acusado habría enviado un mensaje al Ministerio de Seguridad Nacional desde una casilla que aparentaba pertenecer al Poder Judicial.
En ese correo solicitó acceso al SIFCOP y firmó con el nombre de un supuesto juez federal. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, la persona mencionada no correspondía a ningún magistrado de ese fuero.
El organismo le respondió que debía efectuar el trámite ante la casilla oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema. El 20 de noviembre, el sospechoso habría vuelto a comunicarse desde una dirección que imitaba las cuentas del máximo tribunal y se habría presentado como responsable de esa área.
Los investigadores lograron rastrear el origen de las casillas de correo y vincularlas con el imputado. La pesquisa avanzó luego sobre un segundo episodio, ocurrido durante julio de 2025, que involucró al Servicio Penitenciario Federal.
Según la fiscalía, el 1 de julio de 2025 el hombre creó desde la conexión a internet de su domicilio otra cuenta que simulaba pertenecer a un juzgado federal. Al día siguiente se comunicó con el SPF, aunque el encabezado del mensaje indicaba que se trataba de una Fiscalía Federal.
Desde esa casilla anunció la supuesta apertura de una denuncia y una investigación penal por “uso de datos personales y malversación de información confidencial”. Con ese argumento, volvió a solicitar las credenciales del sistema policial.
Después de que el SPF le indicara que debía consultar a otra dependencia, el 3 de julio envió dos nuevos correos. Uno de ellos incluía un archivo que aparentaba estar firmado por una jueza federal.
La documentación contenía una inconsistencia: a la magistrada se le atribuían funciones correspondientes a un fuero distinto del que tenía a su cargo. El intercambio continuó hasta el 15 de julio, mientras el organismo solicitaba precisiones y requisitos adicionales.
Finalmente, personal de la Subdirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal advirtió las irregularidades y presentó la denuncia. La acusación sostiene que los pedidos buscaban obtener acceso a información protegida de las fuerzas de seguridad.
La detención del sospechoso había sido autorizada el 29 de septiembre. Luego de la formalización de la investigación preparatoria, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz aceptó el pedido de la fiscalía y dispuso que permaneciera detenido durante 90 días.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Ignacio Falconi también señaló que el acusado tenía un proceso suspendido a prueba desde el 17 de junio de 2025 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Capital Federal.
En ese expediente se le había atribuido la presunta falsificación de un documento público. La suspensión del proceso estaba vigente cuando, según la investigación, creó las cuentas utilizadas en los intercambios de julio.
La causa continuará con la investigación de las comunicaciones, los documentos enviados y el alcance de los intentos de acceso al SIFCOP. Las imputaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.
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