La Cámara habilitó al Defensor del Pueblo a llevar la causa ante la Corte bonaerense y cuestionar su envío al fuero federal
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió el recurso presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino contra el traslado de la causa al fuero federal. La Suprema Corte provincial deberá resolver qué jurisdicción interviene en el conflicto por las obligaciones de AySA durante su privatización.
Infórmate en DiarioPampero.com – El planteo también cuestiona posibles cambios en las obligaciones vinculadas con el agua potable, la salud pública, el ambiente, las inversiones y las obras necesarias para sostener el servicio.
La disputa por la privatización de AySA sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concediera el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
El recurso fue interpuesto contra la decisión que había enviado la causa a la Justicia Federal. Con la resolución dictada el 2 de octubre, el expediente quedó en condiciones de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que deberá analizar si fue correcto apartar el caso del fuero contencioso administrativo provincial.
El reclamo se inició contra Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y cuestiona las consecuencias que podría tener el nuevo esquema contractual de la empresa en el marco del proceso de privatización. Según la Defensoría, la reestructuración no debería implicar una reducción de las obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente, las inversiones y las obras de infraestructura.
El alcance del reclamo
El organismo también puso el foco en los pasivos ambientales y en los problemas estructurales que arrastra el sistema. El planteo busca que cualquier modificación contractual contemple las condiciones necesarias para garantizar una prestación adecuada del servicio y la continuidad de las obligaciones de la empresa.
En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría. En esa resolución, ordenó a AySA abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura en 26 municipios bonaerenses.
Posteriormente, la Cámara confirmó esa protección y estableció que AySA debía abstenerse de modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar las obligaciones asumidas respecto del agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio.
La medida quedó vinculada a la realización de una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional. Sin embargo, al mismo tiempo, la Cámara entendió que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal, una decisión que fue cuestionada por el Defensor del Pueblo.
Los camaristas Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideraron que el recurso había sido presentado dentro del plazo correspondiente y que reunía los requisitos legales para ser tratado. También señalaron que la discusión sobre la competencia podía ser considerada definitiva porque el expediente pasaría a una jurisdicción extraprovincial.
“El pronunciamiento apelado reviste la condición de definitivo”, indicaron los magistrados al explicar que la resolución confirmaba la remisión de la causa al fuero federal. Además, remarcaron que el litigio no tenía un monto susceptible de apreciación económica.
La Cámara agregó que, por tratarse de una presentación del Defensor del Pueblo, no correspondía exigirle el depósito previsto para otros recursos. Con esos argumentos, concluyó que estaban cumplidos los requisitos formales y resolvió conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Ahora, la Suprema Corte bonaerense deberá definir si la causa permanece dentro de la jurisdicción provincial o si corresponde que continúe ante la Justicia Federal. Esa decisión determinará qué fuero tendrá a su cargo el análisis del conflicto.
El expediente mantiene abierta, además, la discusión sobre el fondo del reclamo: las obligaciones de AySA, las inversiones, las obras de infraestructura y las condiciones de prestación del servicio en el marco del proceso de privatización.
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