Prófuga en Chaco: Buscan a la falsa médica que atendía en hospitales y firmaba actas de defunción
La Justicia del Chaco emitió un pedido de captura nacional para Lidia Mabel Ojeda, una docente de plástica acusada de ejercer ilegalmente la medicina en nosocomios provinciales. Durante un allanamiento en su domicilio, las autoridades secuestraron instrumental médico, sellos oficiales y documentación apócrifa. La mujer, que usurpó la matrícula de un profesional legítimo y llegó a firmar certificados de defunción, abandonó su residencia antes de que el escándalo tomara estado público.
Infórmate en DiarioPampero.com – Las autoridades policiales y judiciales de la provincia del Chaco intensifican la búsqueda de una mujer acusada de ejercer la medicina de forma ilegal y usurpar títulos profesionales. La sospechosa, que se desempeñaba como médica de guardia en distintas localidades utilizando una matrícula robada, logró escapar antes de ser detenida. El caso genera profunda conmoción social debido a que llegó a atender pacientes graves e incluso firmó certificados de muertes.
La investigación iniciada en la provincia de Chaco para dar con el paradero de Lidia Mabel Ojeda ha movilizado a diversas fuerzas de seguridad en todo el país. La acusada, cuya verdadera ocupación es la docencia en el área de artes plásticas, enfrenta cargos por el ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Según los expedientes judiciales, la sospechosa logró insertarse en el sistema de salud provincial, desempeñando funciones de guardia en los nosocomios de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, mediante la utilización de credenciales apócrifas y una identidad profesional que no le pertenecía.
El desarrollo de la causa, impulsado por el fiscal Gustavo Valero, derivó en un operativo de allanamiento efectuado en la vivienda de Ojeda, situada en el barrio San Cayetano de la localidad de Sáenz Peña. Efectivos de la División Investigaciones Complejas del Interior ingresaron al domicilio donde, si bien no hallaron a la imputada porque habría escapado semanas atrás, incautaron una gran cantidad de elementos probatorios. Entre los objetos secuestrados figuran insumos hospitalarios como jeringas, agujas hipodérmicas, bisturíes, sondas urinarias, uniformes de enfermería y ambos médicos. Asimismo, el personal policial encontró documentación vinculada a pacientes, restos de papeles incinerados y un sello oficial del Ministerio de Salud Pública correspondiente al Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez.
El accionar de esta supuesta profesional de la salud quedó al descubierto gracias a las sospechas del propio personal médico que trabajaba junto a ella. Las severas deficiencias en su formación técnica encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias, quienes radicaron la denuncia pertinente que derivó en los allanamientos preventivos. Ahora, la Justicia intenta lograr la captura de la mujer.
La investigación preliminar sostiene que la falsa profesional comenzó a operar bajo esta modalidad en agosto del año pasado. Las autoridades corroboraron que la mujer usurpó la matrícula provincial 6822, la cual está registrada legítimamente a nombre del doctor Horacio Daniel Vázquez. La alarma dentro del sistema sanitario se encendió gracias a la intervención de Orlando Di Núbila, director de la Zona Sanitaria II, y Alfredo Acuña, director del centro de salud de Quitilipi. Ambos directivos canalizaron las inquietudes del personal de planta, quienes advirtieron que la supuesta doctora carecía de los conocimientos básicos para la atención de urgencias, exponiendo a los pacientes a un riesgo evidente durante cada intervención en la guardia.
La gravedad de la situación se profundiza al analizar los registros de las actuaciones médicas. El expediente documenta que la imputada avaló derivaciones hacia el Hospital 4 de Junio y, lo más alarmante, rubricó al menos nueve actas de defunción correspondientes a personas que estuvieron bajo su cuidado. Este accionar se enmarca en las penalidades descritas por el artículo 247 del Código Penal Argentino, el cual sanciona con penas de uno a tres años de prisión a quienes ejerzan profesiones reglamentadas sin la debida habilitación. Además de los ilícitos, las averiguaciones revelaron contradicciones en el relato de la prófuga sobre su origen, ya que argumentaba provenir de Formosa y tener nexos en Paraguay, aunque los padrones electorales confirmaron que su centro de votación se encontraba en la misma Sáenz Peña donde fue allanada su residencia.
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