Provincias advierten abandono nacional y colapso del sistema de Salud Mental en reunión federal en el Congreso
Representantes de 16 provincias alertaron en el Congreso sobre el colapso del sistema de salud mental ante el retiro del Estado nacional. Denunciaron la falta de medicamentos, insumos y apoyo financiero, mientras crecen las consultas e internaciones. Exigen respuestas urgentes y coordinación federal para sostener la atención en los territorios.
Representantes de 16 provincias, incluida La Pampa, denunciaron el retiro del Estado nacional en salud mental y adicciones, y alertaron sobre el aumento crítico de la demanda. Solicitaron la reactivación de programas y medicamentos esenciales, al tiempo que exigieron una respuesta urgente ante una crisis que se profundiza cada día.
La falta de medicamentos y recursos impacta en una demanda que no deja de crecer
Autoridades de Salud Mental de 16 provincias, junto a representantes de universidades y organismos de control, presentaron en el Congreso Nacional un informe que revela el grave deterioro del sistema de atención en salud mental y adicciones en el país. Con diagnósticos coincidentes, los funcionarios alertaron por el aumento sostenido de las consultas —un 50% más que en 2019— y un 85% de incremento en internaciones en servicios especializados, con mayor impacto entre adolescentes y jóvenes.
Entre las principales denuncias, destacaron la interrupción del programa nacional Remediar Salud Mental, que desde diciembre de 2023 dejó de distribuir psicofármacos, afectando a miles de personas que dependen exclusivamente del sistema público. Además, señalaron la falta de insumos básicos, medicamentos esenciales y políticas de prevención en un contexto de creciente demanda.
En representación de La Pampa participó el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, quien sostuvo que “las provincias están haciendo esfuerzos extraordinarios para sostener la atención, pero el Estado nacional se ha retirado de manera alarmante”. El funcionario consideró que la situación configura una “crisis humanitaria silenciosa” que atraviesa escuelas, familias, equipos de salud y redes comunitarias.
Durante la jornada, se reclamó al Gobierno nacional la reactivación urgente del programa de medicamentos, el financiamiento de dispositivos provinciales y la implementación efectiva de la Ley Nacional de Salud Mental. Asimismo, se acordó impulsar una agenda federal de emergencia para coordinar acciones entre las jurisdicciones.
Los representantes provinciales reafirmaron su compromiso con el abordaje comunitario y territorial, en articulación con los sectores de educación, justicia y niñez, y reiteraron que la salud mental es un derecho que requiere inversión y presencia estatal, no solo voluntad local.
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