Diputados y organizaciones reclaman fondos para urbanizar barrios populares
Diputados de distintos bloques, Cáritas, TECHO y organizaciones de barrios populares presentarán este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de emergencia que busca garantizar fondos para la integración socio urbana, en un contexto de obras paralizadas y reducción del financiamiento nacional.
Infórmate en DiarioPampero.com – La iniciativa será presentada a diez años de la creación del RENABAP y propone establecer un presupuesto anual vinculado al PBI, además de prorrogar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental.
Diputados nacionales de distintos bloques no oficialistas, junto con la Mesa Nacional de Barrios Populares, Cáritas, TECHO y otras organizaciones, presentarán este miércoles un proyecto de emergencia para barrios populares en la sede de Cáritas Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa propone fijar un piso presupuestario anual para el régimen de integración socio urbana. Según explicó la Mesa Nacional de Barrios Populares, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo deja sin financiamiento específico la continuidad de las obras en esos barrios.
La presentación se realizará a diez años de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). De acuerdo con los organizadores, el texto cuenta con el respaldo de más de 140 diputados y diputadas pertenecientes a 12 bloques, con representación de 11 provincias.
El reclamo por el financiamiento
Según el Instituto Periferias, en los más de 6.400 barrios populares del país viven más de 5 millones de personas, entre ellas cerca de 1,7 millones de niñas y niños. El mismo informe citado por la Mesa señala que la ejecución de obras de integración socio urbana cayó un 98% entre 2023 y 2026.
Los fondos ejecutados pasaron, siempre según esos datos, de 171.863 millones de pesos a 3.336 millones. Además, se mencionan 671 obras paralizadas en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La Mesa Nacional de Barrios Populares también advierte sobre el endeudamiento en esos sectores. De acuerdo con la información difundida por la organización, seis de cada diez vecinos están endeudados, en muchos casos para poder cubrir gastos de alimentación.
Los impulsores del proyecto sostienen que el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) permitió realizar 1.322 obras en 1.164 barrios y alcanzar a más de 1.300.000 personas. También afirman que esas intervenciones fueron auditadas sin observaciones por la SIGEN, el BID, la UCA y CIPPEC.
Durante la actual gestión nacional, encabezada por Javier Milei, fue disuelta la Secretaría de Integración Socio Urbana y el FISU pasó a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Posteriormente, el área fue degradada a Dirección y sus equipos técnicos fueron despedidos entre febrero y marzo, según el contenido difundido.
Desde diciembre de 2025, la entonces FISU había quedado acéfala tras la renuncia de su último secretario, Sebastián Pareja, actual diputado nacional y dirigente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó dictó una medida cautelar para suspender la eliminación del patrimonio que compone el FISU. Además, exigió al Gobierno nacional la presentación de un plan de urbanización de barrios populares, bajo apercibimiento de multas.
El 21 de septiembre, mediante la Resolución 209/2026, la Secretaría de Obras Públicas presentó un plan. El documento contempla distintos escenarios y solo uno de ellos plantea la posibilidad de aportar fondos para financiar obras inconclusas, en casos determinados de manera restrictiva y fundada.
Ese análisis deberá considerar el grado de avance de cada obra, el interés público comprometido, los costos de ejecución y la disponibilidad de recursos. La resolución también prevé evaluar si provincias, municipios u otros entes ejecutores pueden continuar los trabajos sin asistencia financiera nacional.
Javier Montalvo, secretario de Integración Socio Urbana de la UTEP nacional, señaló que se articuló con distintos espacios políticos para impulsar una norma que otorgue estabilidad a la Ley 27.453, vinculada con los barrios populares.
Según explicó Montalvo, el objetivo es establecer un mecanismo de financiamiento que no dependa de la decisión de cada gobierno. En ese marco, el proyecto plantea declarar la emergencia habitacional de integración urbana ante la falta de respuestas, de acuerdo con sus declaraciones.
Entre los principales puntos figura un piso presupuestario anual atado al Producto Bruto Interno, progresivo entre 2027 y 2036. El esquema comenzaría con una asignación equivalente al 0,0375% del PBI.
La propuesta también contempla prorrogar por diez años la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares. Además, establece que los fondos no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso en caso de que se prorrogue el Presupuesto.
Los organizadores aclararon que el texto no propone crear nuevos impuestos. En cambio, plantea restablecer el Fondo de Integración Socio Urbana y garantizar un financiamiento sostenido para las obras de integración de las barriadas.
El proyecto reúne firmas de legisladores de bloques como la Coalición Cívica, Innovación Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, la UCR, MID y otros espacios. La presentación se realizará este miércoles en la sede de Cáritas Argentina.
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