Coparticipación municipal: avances en previsibilidad y equidad tras 4 años de aplicación de la Ley 3556


El Poder Ejecutivo provincial publicó los índices de coparticipación municipal y de las comisiones de fomento, mientras destacó que la Ley 3556 permitió mejorar la previsibilidad, ordenar la información y atenuar las variaciones en los recursos distribuidos.
Infórmate en DiarioPampero.com – Las municipalidades y comisiones de fomento podrán acceder a la documentación utilizada y presentar recursos de reconsideración dentro de los 10 días establecidos.
El Poder Ejecutivo provincial publicó los índices de coparticipación municipal y de las comisiones de fomento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1065, texto ordenado en 2023.
Según informó el Gobierno provincial, los municipios y las comisiones de fomento podrán interponer un recurso de reconsideración dentro del plazo de 10 días, conforme a las previsiones de la ley de procedimiento administrativo.
Para ese trámite, las administraciones locales tendrán libre acceso a toda la documentación utilizada en la elaboración de los índices, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente.

Los cambios en la distribución
El comunicado provincial señaló que, luego de cuatro años de la sanción de la Ley 3556, modificatoria de la Ley 1065, se cumplieron los objetivos planteados por la reforma. La norma fue presentada como resultado de reuniones realizadas en distintos puntos de la provincia con municipios y comisiones de fomento.
Uno de los aspectos destacados fue la previsibilidad para los gobiernos locales. De acuerdo con la información difundida, las administraciones disponen de datos que les permiten estimar los recursos con los que contarán durante el año siguiente, una referencia para elaborar presupuestos y proyectar acciones de gestión.
La reforma también estableció criterios para clarificar y estructurar la información remitida por municipios y comisiones de fomento. Entre esas medidas se incluyó un clasificador de gastos destinado a facilitar el análisis de los datos y el control cruzado previsto por la ley.

Además, la información fue organizada entre recursos tributarios y no tributarios, con el objetivo de evitar distorsiones en la elaboración de los índices. El Gobierno provincial sostuvo que esta estructura permitió ordenar los datos utilizados para la distribución.
Fiabilidad de la información
Otro de los puntos mencionados fue la fiabilidad de la información. Según el comunicado, los datos recibidos por el Poder Ejecutivo deben contar con la conformidad de los concejos deliberantes o del Tribunal de Cuentas, cuando corresponda.
La normativa también incorporó un promedio de los últimos tres años para atenuar la volatilidad de los índices. De esta manera, se buscó evitar descensos o ascensos bruscos y favorecer una mayor estabilidad en el flujo de recursos que reciben los gobiernos locales.
Finalmente, el comunicado resaltó la creación del Fondo Adicional de Distribución Poblacional, equivalente al 1% de la masa de fondos a distribuir y solventado con rentas generales de la provincia. Según informó el Poder Ejecutivo, el fondo fue destinado a atender la situación de los municipios con mayor cantidad de habitantes y otorgó recursos de libre disponibilidad a las arcas municipales.
