ACIJ advierte por internaciones involuntarias y el regreso de los manicomios
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei fue cuestionada por ACIJ, que advierte sobre el regreso de los hospitales psiquiátricos, la ampliación de las internaciones involuntarias y la falta de recursos para atender la demanda.
Infórmate en DiarioPampero.com – El proyecto fue aprobado por el Senado y espera tratamiento en la Cámara de Diputados, mientras organizaciones de derechos humanos reclaman participación y garantías.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental recibió cuestionamientos de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Eduardo Quiroga, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que la iniciativa representa un retroceso en el modelo de atención vigente.
Según explicó Quiroga en una entrevista con Radio Textual, por Radio Kermés, el proyecto aprobado por el Senado y pendiente de tratamiento en Diputados volvería a habilitar los hospitales psiquiátricos como espacios de internación y ampliaría los supuestos para aplicar internaciones involuntarias.
El representante de ACIJ planteó que los problemas actuales del sistema no se resuelven modificando la ley sancionada en 2010, sino garantizando su cumplimiento, fortaleciendo la atención comunitaria y aumentando los recursos destinados a salud mental.
Cuestionamientos al proyecto
Uno de los datos señalados por Quiroga corresponde al proyecto de presupuesto nacional para 2027. De acuerdo con su exposición, ese texto asigna el 1,35% del gasto total en salud a salud mental, el porcentaje más bajo de la actual gestión y una cifra distante del 10% mínimo previsto por la Ley Nacional de Salud Mental.
“Modificar la ley en sí no va a mejorar eso y podría empeorarlo”, advirtió el integrante de ACIJ, quien ubicó en la falta de implementación de la normativa vigente uno de los principales problemas del sistema.
La legislación sancionada en 2010 estableció un cambio de paradigma para dejar atrás un modelo centrado en los hospitales psiquiátricos y avanzar hacia una red comunitaria. Ese esquema incluye hospitales generales, centros de salud y dispositivos orientados a la inclusión social.
El modelo vigente contempla atención ambulatoria, internaciones en hospitales generales, dispositivos residenciales, cooperativas de trabajo y abordajes interdisciplinarios. Las internaciones sin consentimiento están previstas únicamente cuando existe un riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, además de garantías específicas por la restricción de la libertad que implican.
Quiroga consideró que el proyecto amplía las situaciones en las que podrían aplicarse internaciones involuntarias y planteó dudas sobre su compatibilidad con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. “Lo que hace esta reforma es volver atrás con todos estos avances”, afirmó.
ACIJ también alertó por el impacto que el cambio podría tener en las provincias, responsables de una parte central de la prestación de los servicios sanitarios. Aunque reconoció el carácter provincial del sistema, Quiroga sostuvo que el Estado nacional debe intervenir en el financiamiento, la coordinación y la garantía de igualdad en el acceso.
Según su evaluación, un modelo basado en hospitales psiquiátricos requeriría recursos que no necesariamente se traducirían en mejores respuestas para la población. En ese escenario, las provincias podrían verse obligadas a reorganizar sus sistemas de atención sobre una base que la organización considera ineficaz.
Otro de los cuestionamientos se vincula con la falta de un proceso amplio de consulta a profesionales, usuarios, familiares y organizaciones durante el debate en el Senado. Quiroga expresó que esperan que la Cámara de Diputados promueva una instancia participativa antes de avanzar con el tratamiento.
La entidad prevé enviar notas a legisladores y solicitar espacios de participación para presentar sus objeciones. Además, recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece obligaciones de participación en las políticas públicas que afectan a ese colectivo.
De acuerdo con lo informado por Quiroga, las organizaciones plantearon sus preocupaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto y también comunicaron sus objeciones a organismos de Naciones Unidas por la posible incompatibilidad del proyecto con los estándares internacionales.
El representante de ACIJ agregó que, si la reforma se convierte en ley, existe la posibilidad de cuestionar judicialmente su constitucionalidad. La discusión se desarrolla en un contexto de creciente demanda de atención por ansiedad, angustia, depresión y consumo de sustancias, según relevamientos realizados en 16 provincias mencionados durante la entrevista.
Quiroga también hizo referencia a los datos sobre suicidios en el país y sostuvo que la respuesta estatal debe estar a la altura de la magnitud del problema. Para ACIJ, una modificación normativa no alcanzará para mejorar las prestaciones sin inversiones y sin un compromiso efectivo de los poderes ejecutivos para desarrollar los dispositivos previstos.
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