Rechazo judicial al pedido de restitución del exsenador Kueider
La Justicia ratificó la destitución del exsenador Edgardo Kueider al desestimar su recurso de amparo. La decisión reafirma la potestad exclusiva del Senado en estos casos y abre el camino para su posible extradición, tras ser acusado de contrabando y enriquecimiento ilícito.
En un fallo que refuerza la autonomía del poder legislativo, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó «in limine» el pedido de restitución del exsenador Edgardo Kueider. La sentencia se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que confiere al Senado la competencia exclusiva para remover a sus miembros por inhabilidad moral, sin intervención del Poder Judicial.
Kueider, actualmente detenido en Paraguay bajo cargos de intentar ingresar más de 200 mil dólares sin declarar, había presentado un recurso alegando irregularidades en la sesión que resolvió su remoción. Sin embargo, Lavié Pico sostuvo que revocar esa decisión equivaldría a «invadir competencias privativas de otro poder del Estado».
El fallo y sus implicancias políticas
El juez destacó que la votación en la Cámara Alta, que resultó en la expulsión de Kueider, fue aprobada con 60 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, superando el umbral de dos tercios requerido. Con esta decisión, el exsenador pierde sus fueros parlamentarios, lo que facilita su posible extradición a Argentina para enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito.
La reacción política ha sido diversa. Mientras algunos legisladores celebraron el fallo como un ejemplo de justicia y lucha contra la corrupción, otros cuestionaron la celeridad del procedimiento y la transparencia del Senado en la destitución de Kueider. Este debate pone en el centro de la escena los límites entre los poderes del Estado y la responsabilidad en la investigación de funcionarios.
Por el momento, Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Paraguay, a la espera de la resolución de su extradición. En tanto, la decisión judicial podrá ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, lo que podría extender el conflicto.
Este caso plantea interrogantes sobre la capacidad de los poderes del Estado para actuar de manera coordinada frente a la corrupción y refuerza la discusión sobre el equilibrio entre las competencias legislativas y judiciales en la Argentina.
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