Recortes Presupuestarios Afectan Operaciones en la UBA

Buenos Aires — La Universidad de Buenos Aires (UBA), uno de los principales bastiones educativos de Argentina, enfrenta severas restricciones operativas debido a un significativo recorte de $7.000.000 en su financiamiento gubernamental. Esta medida ha llevado a la institución a suspender varios servicios básicos, incluyendo electricidad, gas y el uso de ascensores en sus instalaciones.
La UBA implementa medidas drásticas para afrontar la reducción de fondos; convoca marcha en respuesta a los ajustes.
Desde el 15 de abril, el Consejo Superior de la UBA tomó la decisión de limitar el uso de ascensores, aires acondicionados y hasta la iluminación eléctrica en aulas durante el turno matutino. Según la Resolución N° 322/2024, estas restricciones fueron implementadas tras una reducción del 26% en términos nominales y del 80% en términos reales del presupuesto anual asignado para 2024.
El recorte ha afectado profundamente la vida cotidiana en el campus, forzando a los estudiantes y al personal a adaptarse a un ambiente sin calefacción ni aire acondicionado, y con limitado acceso a servicios como ascensores, que ahora se reservan exclusivamente para personas con movilidad reducida y situaciones de emergencia.
Además, la universidad ha suspendido la concesión de nuevas becas y la realización de actividades de extensión universitaria. Las convocatorias para programas de investigación y técnica también estarán condicionadas a la disponibilidad de fondos.
En respuesta a estos ajustes, la comunidad universitaria ha convocado a una marcha para el próximo martes 23 de abril en la Plaza de Mayo. Esta movilización busca expresar el rechazo a los continuos recortes impuestos por el gobierno de Javier Milei y la situación de emergencia presupuestaria que afecta a la educación superior.
El Rectorado de la UBA ha informado que estas medidas son temporales y buscan mitigar el impacto de la reducción presupuestaria mientras se negocia un posible aumento de fondos con el gobierno. Sin embargo, la incertidumbre sobre la duración de estas restricciones y sus efectos a largo plazo sobre la calidad educativa y la investigación sigue siendo una gran preocupación para la comunidad universitaria.
