Redes en las sombras: del espionaje macrista al “avión libertario”
Una reconstrucción narrativa del entramado de inteligencia paralela, conexiones internacionales y operadores de poder que confluyen en el escándalo del vuelo privado vinculado al entorno de Javier Milei.
Todo comienza en 2015, cuando tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decide disolver la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y reemplazarla por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La medida buscaba responder a una crisis institucional provocada por las acusaciones de encubrimiento en la causa AMIA y el uso político del espionaje estatal. A pesar del intento de reforma, las viejas lógicas del aparato de inteligencia no desaparecieron.
Con la llegada de Mauricio Macri al poder, la AFI quedó bajo el mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Lejos de profesionalizar el organismo, reinstauraron prácticas de vigilancia política, muchas de ellas tercerizadas en consultoras privadas. En ese contexto aparece Leonardo Scatturice, un ex chofer de la SIDE devenido empresario del rubro, quien a través de su firma C3 Consulting tejió vínculos con distintos organismos del Estado para brindar servicios de inteligencia de forma opaca.
Hacia 2017, varias denuncias comenzaron a judicializarse. La causa conocida como “Dark Star” reveló cómo funcionaban estas redes paralelas dentro y fuera del Estado. En el entramado aparecían fuerzas de seguridad, empresas contratistas, ex agentes de inteligencia y vínculos con actores del poder político. Las tensiones internas entre antiguos jerarcas del espionaje, como Antonio Stiuso, y los nuevos operadores cercanos al macrismo, reforzaron un clima de fragmentación y disputa. Scatturice, entonces, comenzó a mover sus fichas en el exterior.
Ya radicado en Miami, entre 2020 y 2023, consolidó un esquema empresarial que abarcaba desde la tecnología hasta la aviación privada. Desde allí, tendió puentes con el ala republicana del Partido Republicano de Estados Unidos, especialmente con los organizadores de la CPAC (Conservative Political Action Conference), evento clave del trumpismo. Sumó a su red a Laura Belén Arrieta, dirigente de CEPAC, una organización argentina con agenda conservadora y contacto directo con figuras de la nueva derecha global.
En plena campaña presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo —el estratega más influyente de La Libertad Avanza— recurrió a estos contactos para fortalecer el vínculo con Donald Trump.
El 26 de febrero de 2024 aterrizó en Aeroparque un jet privado Bombardier Global 5000, propiedad de una de las firmas de Scatturice, con Arrieta como única pasajera declarada. Pero el operativo de arribo estuvo rodeado de irregularidades: diez valijas no declaradas, ingreso por un canal aduanero cerrado inmediatamente después y una sospecha de llamado previo desde dentro de Aduana.
Las imágenes muestran a Arrieta entregando su celular a un agente aduanero, hecho que alimentó las sospechas de los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez. Las inconsistencias en el origen del vuelo, las valijas omitidas y el rol de la empresa Royal Class —que facilitó el acceso sin control— pusieron en marcha una causa judicial que aún no se resuelve. Aunque Scatturice niega vínculos con esa empresa, múltiples elementos apuntan a su posible control indirecto.
En junio de 2025, en medio del escándalo, Scatturice adquirió el control accionario de Flybondi, consolidando su presencia en el sector aeronáutico argentino. La compra se dio en paralelo con nuevos gestos de apoyo mutuo entre Milei y Trump, reforzando la alianza política e ideológica entre ambos espacios. Pese a las investigaciones, las conexiones entre poder, negocios e inteligencia se fortalecen.
El caso del “avión libertario” no es una anomalía: es el resultado de una continuidad de prácticas encubiertas que sobreviven a los cambios de gobierno. Desde la SIDE hasta la AFI, del espionaje estatal al privado, de Buenos Aires a Miami, el mismo entramado se adapta, se recicla y se expande. Consultoras, ex agentes, vínculos internacionales y operadores informales configuran un ecosistema de poder que actúa a la sombra de las instituciones democráticas.
La historia reciente de la inteligencia en Argentina muestra cómo las crisis políticas, lejos de depurar el sistema, abren nuevas oportunidades para la concentración de poder oculto. El intento de Cristina Fernández de Kirchner de transparentar el funcionamiento de los servicios, mediante la disolución de la SIDE y la creación de la AFI, no logró desarticular las lógicas oscurantistas del espionaje.
Fue durante la gestión de Mauricio Macri cuando esas prácticas se institucionalizaron nuevamente, con estructuras paralelas, tercerización de tareas sensibles y un uso claramente político de la inteligencia. El atentado a la AMIA, el rol de Antonio Stiuso, la denuncia de Nisman y su muerte, los escándalos del macrismo y la consolidación de redes privadas bajo el actual gobierno componen una línea de continuidad. Cada episodio no cierra el ciclo anterior, sino que lo prolonga bajo nuevas formas y actores. Comprender esta evolución permite ver en el presente no una ruptura, sino una deriva prolongada del uso político e informal de la inteligencia, muchas veces fuera del control republicano.
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