El dirigente socialista también incluyó al gabinete y al máximo tribunal
El exdiputado y titular de Unión Socialista, Jorge Rivas, presentó un pedido de juicio político contra Javier Milei, sus ministros y los integrantes de la Corte Suprema. La iniciativa cuestiona el uso de decretos, decisiones económicas y presuntas irregularidades institucionales.
Infórmate en DiarioPampero.com – La propuesta fue enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y busca que la Comisión de Juicio Político analice su admisibilidad.
Jorge Rivas impulsa un pedido de juicio político contra Milei, su gabinete y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación fue promovida por el exdiputado nacional y presidente de Unión Socialista, quien cuestionó distintas decisiones del Gobierno y del máximo tribunal.
Según informó Rivas, la iniciativa tuvo una presentación formal en un espacio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego fue enviada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El objetivo es que se convoque a la comisión parlamentaria que debe intervenir en este tipo de procedimientos.
El dirigente explicó que el planteo no requiere reunir firmas de ciudadanos para ingresar al Congreso. De acuerdo con su descripción, debe presentarse en la mesa de entradas de la Cámara baja, desde donde se remite a la Comisión de Juicio Político para evaluar si corresponde iniciar el trámite.
Los fundamentos del planteo
Rivas sostuvo que la presentación busca promover un debate público y reunir respaldo político y social para que el expediente sea tratado por las autoridades parlamentarias. Entre los principales cuestionamientos mencionó el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y lo que definió como un avance del Poder Ejecutivo sobre atribuciones del Congreso.
El referente socialista afirmó que un presidente no puede gobernar mediante decretos, derogar disposiciones ni dejar sin promulgar leyes sancionadas por el Congreso. Según su interpretación, esas decisiones afectarían la división de poderes y el funcionamiento republicano. Sus señalamientos forman parte de los argumentos que pretende someter a consideración parlamentaria.
También incluyó en el pedido a los integrantes del gabinete, a quienes atribuyó responsabilidad institucional por acompañar las decisiones presidenciales. Rivas aclaró que el juicio político no constituye una sanción penal, sino un mecanismo destinado a determinar la eventual remoción de funcionarios por mal desempeño o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
En relación con la situación económica, el dirigente denunció un deterioro de las condiciones de vida, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y efectos negativos de las políticas oficiales. Asimismo, cuestionó decisiones administrativas que, según su planteo, podrían afectar infraestructura estratégica y recursos naturales del país.
El pedido también alcanza a la Corte Suprema. Rivas sostuvo que el tribunal no habría ejercido plenamente su función de control de constitucionalidad sobre actos del Poder Ejecutivo y cuestionó resoluciones vinculadas con el Consejo de la Magistratura y con normas que, según afirmó, habían sido derogadas por el Congreso.
Además, el presidente de Unión Socialista planteó objeciones sobre la política exterior del Gobierno y mencionó el ingreso a la Argentina de Flavio Bolsonaro. Según su versión, el dirigente brasileño tenía restricciones judiciales en su país. El Gobierno, de acuerdo con lo consignado en el material fuente, sostuvo que el ingreso se produjo con documentación en regla y sin alertas de Interpol.
El procedimiento de juicio político establece que la comisión debe determinar inicialmente si la denuncia es admisible. Si encuentra elementos suficientes, puede abrir un sumario, reunir pruebas y garantizar el derecho de defensa de los funcionarios denunciados. En caso de emitir un dictamen favorable, el expediente debe ser tratado por la Cámara de Diputados.
Para aprobar la acusación en la Cámara baja se requieren los dos tercios de los votos de los miembros presentes. Si ese paso se concreta, uno o más diputados deben sostener la acusación ante el Senado, donde también se necesita una mayoría de dos tercios de los presentes para disponer la eventual destitución del funcionario acusado.
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