El exmandatario fue trasladado a un regimiento antes de declarar
El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial y, según el material difundido, debía presentarse este sábado ante la Fiscalía para una indagatoria por una investigación vinculada con ueno bank y fondos públicos y privados.
Infórmate en DiarioPampero.com – La decisión se tomó luego de una vigilia ciudadana frente a su vivienda, mientras avanzaba la causa y se definía su situación judicial tras la destitución presidencial.
La indagatoria a Santiago Peña estaba prevista para las 11 de este sábado 7 de noviembre en la sede del Ministerio Público de Paraguay, de acuerdo con el material publicado. El exmandatario podía declarar o abstenerse, una alternativa que, según la información difundida, su defensa evaluaba mientras analizaba la carpeta fiscal.
Peña permanecía detenido en el Regimiento Escolta Presidencial después de que fiscales se presentaran el viernes por la noche en su domicilio para comunicarle su situación. El traslado se produjo durante una protesta de ciudadanos que permanecían en los alrededores de la vivienda y arrojaron huevos contra el operativo.
Según la información difundida, la presión social impidió que el exmandatario pasara la noche en su casa. La protesta estaba relacionada con el presunto trato privilegiado que, de acuerdo con los manifestantes, habría recibido Peña frente a las acusaciones sobre la desaparición o desvío de fondos vinculados con la entidad financiera ueno bank.
La crisis política y financiera
El caso se produjo después de la destitución de Peña por parte del Senado paraguayo, que lo removió por “mal desempeño de funciones”, según el material fuente. La salida del cargo le impidió acceder al estatus de senador vitalicio y a los fueros asociados a esa condición, por lo que la Fiscalía pudo avanzar con la orden de captura informada.
Tras la remoción, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia y quedó a cargo del Poder Ejecutivo hasta agosto de 2028, de acuerdo con la publicación. Antonio Barrios fue presentado como nuevo vicepresidente. En su primer discurso, Alliana prometió compensar a los ciudadanos afectados por el descalabro financiero y anunció recortes de gastos que consideró superfluos.
La crisis también tuvo consecuencias sobre la actividad económica. Según reportó la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay, las ventas en tiendas y multitiendas se redujeron hasta un 70% después del colapso de ueno bank. El dato fue atribuido a la retención de ahorros y a la falta de liquidez que afectó a consumidores y comercios.
En ese contexto, el Banco Central del Paraguay habría adelantado la circulación de billetes de 100.000 guaraníes para responder a la demanda de efectivo. La medida fue presentada como una respuesta de contingencia ante la búsqueda de liquidez por parte de ahorristas en otras sucursales.
Las acusaciones económicas fueron planteadas durante el proceso político contra Peña. La diputada Rocío Vallejo sostuvo que la gestión del exmandatario dejó un agujero de 1.200 millones de dólares y afectó a tres millones de personas, aunque esas afirmaciones forman parte de los alegatos citados en el material y deberán ser determinadas por la investigación judicial.
Entre los afectados mencionados figura el Instituto de Previsión Social. Según la información difundida, 32.000 de sus 91.000 jubilados quedaron expuestos por una inversión de 355 millones de dólares en fondos previsionales que permanecieron atrapados en el banco.
La causa también alcanzó a directivos de la entidad. Un juez ordenó el traslado a una cárcel de Miguel Vázquez, señalado como uno de los fundadores de ueno bank, junto con otros cinco ejecutivos. Además, la Fiscalía incautó avionetas, vehículos de lujo y documentación de empresas de Ueno Holding, donde Peña habría mantenido acciones hasta marzo de 2025.
La declaración prevista ante el Ministerio Público será una de las primeras instancias formales del proceso contra el expresidente en su condición de detenido. La defensa podrá definir si responde las preguntas de los fiscales o si ejerce su derecho a abstenerse mientras estudia las actuaciones reunidas en la investigación.
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