La norma reemplaza el régimen de emergencia y sostiene las prestaciones


El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos afirmativos y sin rechazos. La norma reemplaza el régimen de emergencia que vencía el 31 de diciembre, mantiene prestaciones y pensiones, y establece mecanismos de actualización y financiamiento permanente.
Infórmate en DiarioPampero.com – El texto también contempla la compatibilidad entre pensiones y empleo formal, la continuidad del nomenclador de prestaciones y un esquema para cancelar deudas con prestadores.
El Senado de la Nación sancionó este jueves la denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Según informó la fuente, el proyecto obtuvo 71 votos afirmativos y no registró rechazos.
La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y reemplaza el régimen de emergencia aprobado en 2025, cuya vigencia finalizaba el próximo 31 de diciembre. De este modo, el sistema queda encuadrado en un marco legal permanente de prestaciones y financiamiento.
La aprobación se produjo luego de más de un año de tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y las organizaciones vinculadas al sector. El texto mantiene la vigencia del Certificado Único de Discapacidad, actualiza prestaciones y establece condiciones para preservar las pensiones ante la incorporación a un empleo registrado.

Alcances de la norma
Entre sus disposiciones, la ley mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad en un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El valor tendrá actualización automática de acuerdo con la movilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Los beneficiarios podrán acceder a un empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder de manera definitiva la pensión, siempre que sus ingresos individuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se excede ese límite, el beneficio se suspenderá temporalmente y podrá rehabilitarse cuando finalice la relación laboral.
El texto también preserva el nomenclador universal de prestaciones y dispone que los aranceles se actualicen de forma periódica y automática en línea con el índice de movilidad jubilatoria. El objetivo establecido en la norma es evitar que los valores queden atrasados frente a la inflación.

En relación con las deudas acumuladas, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma de pagos. Además, contará con un plazo máximo de 90 días para regularizar las compensaciones pendientes con profesionales e instituciones del sistema.
La norma garantiza el acceso a las prestaciones básicas del programa Incluir Salud y faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a realizar auditorías periódicas mediante cruces de datos con ANSES, ARCA y ReNaPer.
Antes de disponer una eventual suspensión preventiva, deberán contemplarse instancias formales de notificación y descargo. Durante el debate, distintos bloques de la oposición reclamaron al Gobierno nacional que avance con la promulgación y reglamentación de la ley sin vetos parciales ni demoras administrativas.
La sanción definitiva se produjo después de vetos, suspensiones y fallos judiciales relacionados con la emergencia del sector. Según el material difundido, el Ministerio de Economía garantizó las partidas presupuestarias correspondientes para sostener el nuevo esquema.
La ley todavía requiere su promulgación y reglamentación para completar el proceso de implementación de sus disposiciones. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había anticipado el acuerdo parlamentario antes de la sesión.
