Senado aprueba límites a los DNU y asesta nuevo revés al Gobierno de Milei
Infórmate en DiarioPampero.com – El Senado dio media sanción a un proyecto que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei, con 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. La iniciativa, impulsada por la peronista Alejandra Vigo, busca regular esta herramienta ejecutiva. Horas antes, el Congreso rechazó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, marcando un día de derrotas para el oficialismo.
La norma aprobada por el Senado refuerza el control legislativo sobre los DNU y protege derechos adquiridos, en un contexto de tensiones con el Ejecutivo.
El Senado de la Nación aprobó este jueves 4 de septiembre de 2025, con 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, un proyecto de ley que introduce modificaciones significativas al régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), así como a los mecanismos de delegación legislativa y promulgación parcial de leyes. La iniciativa, presentada por la senadora peronista Alejandra Vigo, obtuvo un amplio respaldo que incluyó a la totalidad del bloque kirchnerista, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y varios bloques provinciales. Este resultado representa un nuevo desafío para el gobierno de Javier Milei, que en la misma jornada sufrió la derogación de su veto a la ley de emergencia en discapacidad.
La propuesta legislativa establece un marco más estricto para la emisión de DNU, con el objetivo de equilibrar el poder del Ejecutivo frente al Legislativo. Entre sus puntos centrales, la norma exige que los decretos sean aprobados por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso dentro de un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial. Además, cada cámara deberá notificar a la otra en un plazo de 48 horas hábiles sobre cualquier resolución al respecto.
Cambios en el uso de los DNU y protección de derechos
El proyecto también introduce limitaciones específicas: los DNU deberán abordar una única materia y solo podrán emitirse durante el receso parlamentario. En caso de que una de las cámaras rechace el decreto, este quedará sin efecto, y el Ejecutivo no podrá emitir otro sobre el mismo tema durante el resto del año. Estas disposiciones buscan evitar el uso recurrente de esta herramienta para eludir el debate legislativo, una práctica que ha generado controversias en la gestión de Milei.
Un aspecto relevante de la norma es la protección de los derechos adquiridos por los ciudadanos afectados por los DNU. Este punto responde a experiencias recientes, como las modificaciones propuestas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o la disolución de Vialidad Nacional, que generaron incertidumbre jurídica. La ley pretende garantizar estabilidad y previsibilidad en las políticas públicas.
El rechazo al DNU 70/23, emitido en diciembre de 2023 y diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es un antecedente reciente que ilustra la relevancia de esta reforma. Aunque el Senado lo invalidó en marzo de 2024, su tratamiento en Diputados aún está pendiente, lo que evidencia las dificultades del Ejecutivo para sostener estas medidas sin un control legislativo más riguroso.
La votación reflejó un amplio consenso opositor, con el respaldo de sectores diversos del arco político. Sin embargo, la bancada libertaria, junto a la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y el formoseño Francisco Paoltroni, se opuso a la iniciativa. Además, algunos legisladores, como los radicales Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Víctor Zimmermann, Carolina Losada y el cordobés Luis Juez (PRO), optaron por ausentarse, en un gesto interpretado como un guiño al oficialismo.
Este revés se suma a la derrota sufrida por el Gobierno horas antes, cuando el Congreso, por primera vez en 22 años, rechazó un veto presidencial y mantuvo vigente la ley de emergencia en discapacidad. Ambos episodios marcan un día de tensiones para la Casa Rosada, en un contexto donde el Ejecutivo busca consolidar su agenda de reformas frente a un Legislativo que reclama mayor protagonismo.
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