Stornelli pidió a Reino Unido e Israel información societaria por el petróleo en Malvinas
El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la investigación sobre petroleras que operan en el área de las Islas Malvinas sin autorización argentina y pidió exhortos a Reino Unido e Israel para conocer la estructura de las compañías y sus posibles vínculos comerciales.
Infórmate en DiarioPampero.com – La causa analiza posibles delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos en actividades de exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación por el petróleo en Malvinas e incorporó nuevas empresas a la investigación por la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental próxima a las islas sin aval de la Argentina.
Según el requerimiento fiscal, fueron sumadas al expediente Rockhopper Exploration PLC y sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Stornelli también solicitó el envío de exhortos al Reino Unido y a Israel para obtener información sobre la composición societaria de las firmas y establecer si existen eventuales vínculos comerciales con intereses británicos.
Alcance de la investigación
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo. Desire Petroleum Limited, imputada desde el inicio, continúa incluida en el expediente.
El fiscal busca determinar si las actividades desarrolladas sin autorización argentina podrían configurar delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos, además de otras responsabilidades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.
Los antecedentes administrativos se remontan a mayo de 2012, cuando la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130 y declaró ilegales las operaciones atribuidas a Desire Petroleum en esa zona marítima.
En 2013, la Resolución 457/2013 inhabilitó a la compañía durante 20 años para trabajar en el país. La medida consideró que la empresa utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas.
De acuerdo con la fiscalía, pese a esas sanciones y a posteriores cambios en su estructura, la firma habría continuado utilizando permisos de exploración y explotación en el área en disputa.
El requerimiento menciona los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que establece sanciones para la exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización. Según el texto citado, las penas pueden incluir prisión, multas e inhabilitación comercial.
La normativa prevé penas de entre cinco y diez años de prisión para determinadas actividades no autorizadas, mientras que la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos sin permiso puede recibir condenas de entre diez y quince años. Las sanciones también pueden alcanzar a directores, gerentes, administradores y representantes de las empresas.
El expediente se desarrolla en el marco de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre. En esa oportunidad, el mandatario anticipó acciones diplomáticas, económicas y legales relacionadas con la cuestión Malvinas.
En paralelo, el Reino Unido ratificó su política comercial en las islas y calificó de “inaceptables” las sanciones impulsadas por la Argentina contra las compañías involucradas.
La investigación deberá avanzar ahora con la información societaria solicitada a Londres y Tel Aviv, mientras la fiscalía analiza el alcance legal de las operaciones y la eventual responsabilidad de las empresas y sus autoridades.
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