Un informe de la UBA revela que siete de cada diez trabajadores perciben salarios por debajo del millón de pesos
La investigación del Instituto Gino Germani pone cifras a la crisis de ingresos que atraviesa el país. Con una canasta básica que supera el millón doscientos mil pesos, la inmensa mayoría de los asalariados y cuentapropistas ha quedado por debajo de la línea de pobreza. El informe destaca cómo el aumento desmedido de los servicios públicos y los alimentos ha licuado los sueldos, obligando a un porcentaje creciente de la población a buscar segundas ocupaciones para intentar llegar a fin de mes.
Infórmate en DiarioPampero.com – Un informe de la UBA revela que el 72% de los ocupados gana menos de un millón de pesos, cifra insuficiente ante una Canasta Básica de 1,2 millones. La problemática afecta al 58% de los registrados y al 89% de los informales. El estudio del Instituto Gino Germani advierte que el aumento de tarifas y alimentos ha deteriorado el salario, empujando a los trabajadores al pluriempleo y a la pobreza residencial, donde pagar los servicios básicos consume una porción cada vez mayor de los ingresos.
A pocos días de que se oficialice el índice de inflación correspondiente a noviembre, un indicador determinante para evaluar el rendimiento real de las remuneraciones, el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha presentado un estudio que expone la fragilidad extrema de los ingresos en la Argentina. La investigación confirma la consolidación de un fenómeno que preocupa a los especialistas: el «trabajador pobre». Los datos arrojan que una vasta mayoría de la fuerza laboral percibe haberes que no alcanzan para costear la canasta básica, situando a millones de personas en una posición de vulnerabilidad económica a pesar de contar con empleo.
El reporte detalla que el 72% de los trabajadores, un universo que engloba tanto a quienes se desempeñan en el mercado formal como a los que operan en la informalidad, recibe una retribución mensual inferior a un millón de pesos. Este monto se ha convertido en un umbral dramático si se lo contrasta con los valores oficiales: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Canasta Básica Total (CBT) necesaria para que un hogar tipo no caiga en la pobreza ascendió a $1.213.799 en octubre de 2025. La brecha entre los ingresos reales y el costo de vida continúa ensanchándose, dejando a gran parte de la población activa sin la posibilidad de cubrir sus necesidades elementales.
Al desagregar la información por sectores, la situación no muestra grandes diferencias. En el ámbito del empleo registrado, el 58% de los asalariados no logra superar el límite del millón de pesos. El panorama es aún más desolador para los trabajadores informales, donde el 89% se encuentra en este segmento de ingresos insuficientes, una proporción casi idéntica a la de los cuentapropistas de baja calificación, que alcanza el 88%. El estudio subraya que incluso cumplir con una jornada laboral completa de 40 horas semanales no garantiza el bienestar: uno de cada cinco trabajadores en esta condición (19,3%) permanece bajo la línea de pobreza.
El aumento de los costos fijos y la reducción de subsidios han transformado la estructura de gastos de los hogares, triplicando la incidencia de los servicios públicos en los haberes mensuales y obligando a los asalariados a buscar ingresos extra para no caer bajo la línea de pobreza, un escenario que afecta transversalmente a empleados registrados y trabajadores informales por igual
La insuficiencia de los salarios ha derivado en un cambio notable en las estrategias de supervivencia de las familias. El informe del Instituto Gino Germani señala un incremento en el pluriempleo, que ya afecta al 12% de la población ocupada. Esta tendencia indica que incluso los trabajadores formales se ven forzados a buscar ocupaciones adicionales para evitar caer en la pobreza, demostrando que la necesidad de complementar ingresos ha trascendido las fronteras de la informalidad laboral para instalarse como una realidad transversal.
Los investigadores atribuyen esta crisis al encarecimiento incesante de los alimentos y, de manera particular, al aumento en las tarifas de los servicios públicos impulsado por la quita de subsidios. Estos gastos fijos en ascenso anulan cualquier capacidad de ahorro y comprimen el presupuesto familiar. El relevamiento destaca un dato contundente sobre la «pobreza residencial»: el gasto destinado a cubrir servicios como luz, gas y agua, que representaba el 4% de un salario mediano a fines de 2023, ha saltado al 11% en 2025, evidenciando el peso creciente de las tarifas en el bolsillo de los trabajadores.
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