Argentina pidió frenar el proyecto petrolero Sea Lion mientras avanza el arbitraje por Malvinas
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias sobre el pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur. La solicitud busca frenar el proyecto Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral.
Infórmate en DiarioPampero.com – El organismo con sede en Hamburgo analizará la jurisdicción inicial, la urgencia y el alcance de las medidas solicitadas por Buenos Aires, en un proceso que tendrá audiencias públicas y transmisión en vivo.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó el 10 y 11 de noviembre de 2026 para las audiencias orales del caso presentado por Argentina contra el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur. Las presentaciones se realizarán en la sede del organismo, en Hamburgo.
El pedido argentino busca que se dicten medidas provisionales para impedir el inicio o la continuidad de la explotación del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia.
Según informó el tribunal, las audiencias serán públicas y se transmitirán en vivo a través de su sitio web. Los jueces deberán evaluar si existe jurisdicción prima facie, si la situación requiere una intervención urgente y si las medidas solicitadas resultan proporcionales.
El alcance del pedido argentino
La presentación argentina solicita que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación petrolera en el área, que no utilice información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos y que se abstenga de otorgar nuevos permisos que puedan agravar la disputa.
El escrito también reclama que Londres cese cualquier impedimento al cumplimiento de obligaciones ambientales. Una eventual decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para las partes, aunque el tribunal arbitral del Anexo VII podría posteriormente mantener, modificar o dejar sin efecto las medidas.
El procedimiento comenzó el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y notificó formalmente al Reino Unido.
El plazo planteado por Argentina venció el 12 de octubre sin cambios en la postura británica. Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno presentó ante el Tribunal del Mar la solicitud de medidas provisionales, basada en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar.
La documentación, de 49 páginas, fue firmada por el embajador Mario Oyarzábal, agente argentino ante el tribunal, y elaborada con participación de la Cancillería y de la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal.
El proyecto Sea Lion se encuentra a 107 millas náuticas, unos 198 kilómetros, al norte de las Islas Malvinas, dentro de un área de 541,40 kilómetros cuadrados correspondiente a la licencia PL032. La operación está encabezada por Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante.
De acuerdo con los reportes citados en la presentación argentina, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectaron comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028. Navitas informó que la campaña de perforación de la primera fase se esperaba para comienzos de 2027.
El desarrollo completo contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina y un buque de producción, almacenamiento y descarga. El plan incluye zonas de exclusión alrededor de esas instalaciones.
Argentina sostiene que el argumento ambiental permite al tribunal analizar las obligaciones de protección del medio marino sin resolver la cuestión de soberanía sobre las islas. El escrito afirma que esas obligaciones se aplican a los Estados respecto del medio marino en todas las áreas marítimas.
Como respaldo, la presentación menciona antecedentes de perforaciones en la zona y un plan de contingencia por derrames elaborado para las autoridades de las islas. Según ese documento, existía una probabilidad de que el petróleo alcanzara aguas argentinas luego de determinados períodos, según el tipo de crudo.
El escrito también cuestiona la experiencia operativa de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, al señalar que ninguna de las dos compañías habría operado previamente un campo offshore en producción. Argentina vincula ese planteo con el riesgo de incidentes ambientales y con la necesidad de una respuesta provisoria.
La presentación ubica el caso en el marco del proceso de descolonización supervisado por las Naciones Unidas. También cita las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976, esta última referida a la abstención de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas.
El 21 de septiembre de 2026, siete días antes del inicio formal del arbitraje, las autoridades de facto de las islas extendieron por cinco años las licencias de producción hidrocarburífera PL001, PL032, PL033, PL004a, PL004b y PL004c.
El Reino Unido respondió que participará del arbitraje, pero negó que la notificación argentina invalide las licencias emitidas por el gobierno de las islas o modifique su autoridad regulatoria. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó ante la Cámara de los Comunes que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos no deben cesar por esa presentación.
Kumaran sostuvo, no obstante, que las medidas provisionales del Tribunal del Mar son vinculantes para las partes y que el Reino Unido cumple con sus obligaciones internacionales. Esa posición implica que Londres acataría una eventual orden del organismo con sede en Hamburgo.
En paralelo, el gobierno británico anunció la activación de la legislación de Protección de Intereses Comerciales. El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, dijo que el Reino Unido actuará si Argentina intenta obstaculizar actividades comerciales que Londres considera legítimas.
El canciller británico Ed Miliband calificó de inaceptables los intentos argentinos de presionar a empresas e individuos y reiteró el apoyo del Reino Unido a las islas. Kumaran agregó que el gobierno está preparado para adoptar medidas adicionales, que definió como legales y proporcionales.
La estrategia procesal argentina tiene antecedentes en el propio Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En el caso entre Ghana y Costa de Marfil, el organismo ordenó en 2015 que Ghana no realizara nuevas perforaciones en un área marítima disputada, aunque permitió continuar operaciones que ya estaban en curso.
También existe un antecedente argentino relacionado con la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012. Tras el pedido de medidas provisionales, el tribunal ordenó su liberación inmediata e incondicional aproximadamente un mes después.
La vicepresidenta del tribunal desde el 1 de octubre es la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, elegida para el período 2026-2029 junto con el presidente Maurice Kamga. Su nacionalidad no impide su participación, ya que el estatuto del organismo no establece una recusación automática por ese motivo.
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