Universidades Nacionales en Riesgo: Presupuesto 2023 Insuficiente para Garantizar Funcionamiento
A medida que se acerca el inicio de clases, las universidades nacionales se encuentran al borde del cierre, enfrentando una situación crítica derivada de la asignación de un presupuesto para el 2023, ajustado por inflación, que podría resultar insuficiente para sostener sus operaciones más allá de mayo.
En este contexto inédito, las autoridades de las casas de estudio consideran declarar la «emergencia económica» para visibilizar la gravedad de la situación. A pesar de intentos individuales y reclamos por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los diálogos con la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, no han tenido éxito hasta el momento.
Uno de los principales desafíos radica en el hecho de que, según las proyecciones, si el gobierno mantiene el mismo presupuesto del 2023, ajustado solo por la inflación, las universidades no podrán afrontar los pagos de salarios y servicios básicos como luz, agua o limpieza, incluso poniendo en riesgo programas especiales, proyectos de infraestructura y el funcionamiento de los hospitales universitarios. Este escenario amenaza con dejar a aproximadamente 300,000 trabajadores docentes y no docentes sin empleo y a 2.5 millones de estudiantes en una situación incierta.
Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN, expresó su preocupación y señaló los intentos de establecer diálogo con las autoridades correspondientes. Greco destacó que, a la fecha, tienen solo el 25% del presupuesto necesario para operar, y los salarios han perdido un 50% de su poder adquisitivo.
Alicia Bohren, rectora de la Universidad de Misiones, resaltó que, ante el congelamiento presupuestario y la inflación, han declarado la emergencia económica y están evaluando reducciones en los costos, centrándose en mantener las políticas de inclusión estudiantil.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes también han declarado alertas y emergencias presupuestarias, manifestando su extrema preocupación y solicitando una actualización que permita la continuidad de las actividades. El rector Greco subrayó la importancia de mantener los procesos de formación y solicitó la actualización del presupuesto, advirtiendo que recurrirán a instancias políticas superiores si no se obtiene respuesta.
Este ajuste presupuestario, justificado por el Gobierno para reducir el déficit fiscal, se percibe no solo como una medida económica sino como un acto de falta de reconocimiento de la función social de las instituciones de educación superior. Alrededor del 80% de las investigaciones científicas del país se realizan en las universidades, y limitar su capacidad de investigación amenaza la producción de conocimiento autóctono.
La parálisis en las paritarias universitarias, el freno a la creación de nuevas universidades y la incertidumbre en organismos como el Conicet y la Agencia de Promoción de la Investigación refuerzan la preocupación sobre el futuro de la educación superior en el país.
Este escenario plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza del ajuste, sugiriendo que no es simplemente económico, sino también político, con consecuencias que podrían ir más allá del ámbito universitario, afectando la accesibilidad y gratuidad de la educación superior.
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