Bahía Blanca y Mar del Plata recurrirán a la Justicia por el gas que afecta a 1,24 millones de hogares bonaerenses


Zona Fría: Bahía Blanca y Mar del Plata irán a la Justicia
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La eliminación del régimen de Zona Fría generó reclamos en Bahía Blanca y Mar del Plata, donde las autoridades anticiparon acciones judiciales. La reforma deja fuera del beneficio a 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses y podría elevar las facturas de gas.

Infórmate en DiarioPampero.com – La modificación reduce el alcance de los descuentos y establece un esquema focalizado que, según estimaciones citadas, aumentaría el costo del servicio para numerosos usuarios.

La eliminación del régimen de Zona Fría provocó fuertes cuestionamientos en Bahía Blanca y Mar del Plata, dos de los distritos más poblados del interior bonaerense. La reforma fue aprobada por el Senado y reduce el alcance del beneficio aplicado a las facturas de gas.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció que recurrirá a la Justicia cuando la norma sea promulgada. Según informó, el municipio trabaja para suspender la aplicación de la reforma y defender los derechos de los usuarios bahienses.

En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo evalúa presentar un amparo colectivo contra la medida. Su titular, Marcelo Lacedonia, sostuvo que existen fundamentos para avanzar por esa vía debido a que el gas es un servicio público esencial.

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Reclamos por el impacto tarifario

Lacedonia explicó que el acceso al gas está vinculado con derechos básicos, entre ellos el derecho a una vivienda digna y a condiciones adecuadas de habitabilidad. De acuerdo con su planteo, una eventual presentación judicial podría cuestionar la compatibilidad de la nueva normativa con principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

La reforma afecta a 3.350.000 hogares en todo el país, de los cuales 1.240.000 se encuentran en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. El esquema había sido ampliado en 2021 para incorporar nuevas zonas al beneficio.

Con la modificación aprobada, el régimen volverá a una cobertura similar a la establecida originalmente en 2002. Ese esquema incluía a las provincias patagónicas, la Puna, el departamento mendocino de Malargüe y el municipio bonaerense de Patagones.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, también cuestionó públicamente la decisión luego de la votación. En una publicación en redes sociales, calificó de manera negativa a los responsables de la eliminación del beneficio.

El subsidio, que actualmente oscila entre el 30% y el 50% según la región, dejará de aplicarse sobre el total de la factura. Según el nuevo esquema, alcanzará únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, lo que reduce su impacto sobre el monto final.

Un informe elaborado por IERAL Fundación Mediterránea advirtió que los mayores aumentos recaerían sobre los usuarios de las zonas incorporadas al régimen ampliado que no califiquen para el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

En Bahía Blanca, un hogar con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales podría pasar de pagar 19.945 a 39.890 pesos, según las estimaciones citadas. Para quienes accedan al nuevo esquema focalizado, la suba proyectada en esa ciudad sería del 22%.

Otras estimaciones mencionadas en el informe señalan que, por el impacto de los aumentos tarifarios, la mayoría de los usuarios bonaerenses podría recibir en los próximos meses facturas de gas 55% más altas en promedio.

El efecto también dependerá del consumo de cada hogar y de su eventual inclusión en el sistema de subsidios. Como referencia, una jubilada de la Zona Fría que actualmente abona una factura total de 60.000 pesos podría pasar a pagar alrededor de 102.000 pesos si deja de aplicarse el régimen, aunque el monto final dependerá de los criterios vigentes.

Bahía Blanca y Mar del Plata preparan sus presentaciones judiciales mientras los municipios alcanzados analizan el impacto de la reforma sobre los usuarios residenciales. La aplicación efectiva quedará sujeta a la promulgación de la norma y a las decisiones que adopten los tribunales ante los reclamos.

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