La causa investiga la represión de un motín ocurrido en 2019
Un juez federal elevó a juicio oral la causa contra 52 penitenciarios de la cárcel de Ezeiza por hechos ocurridos durante un motín de 2019. La acusación incluye golpes, uso de gas pimienta y un régimen de aislamiento que habría dejado a los detenidos sin comida adecuada durante cuatro días.
Infórmate en DiarioPampero.com – Entre los acusados figuran autoridades de la unidad, agentes operativos y dos médicos, mientras que las defensas sostienen que la requisa fue necesaria para controlar un incendio y una protesta.
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte cerró la instrucción y envió a juicio oral y público a 52 penitenciarios del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, incluidos los jefes de la unidad y dos médicos. La medida fue adoptada a pedido de la fiscalía y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, querellante en el expediente.
Los hechos investigados comenzaron el 9 de junio de 2019, cuando internos del Pabellón B de la Unidad Residencial III protestaron por un cambio en el horario de visitas, arrojaron objetos contra la celaduría y prendieron fuego colchones. Según la acusación, la respuesta de los grupos operativos derivó en agresiones contra los detenidos.
De acuerdo con el expediente, algunos presos fueron empujados hacia un rincón y quedaron apilados unos sobre otros, en una escena definida como una “montaña humana”. La acusación sostiene que, una vez reducidos, recibieron golpes, gas pimienta y disparos de munición antitumulto a corta distancia.
La investigación y las pruebas
En el pabellón había 32 detenidos y el Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 de ellos, incluidos dos casos con fracturas de cúbito. Además, nueve internos se refugiaron en una celda individual y, según la acusación, fueron rociados con gas pimienta por la mirilla y desde una ventana del patio.
La agresión habría continuado pese a los pedidos de auxilio. Uno de los detenidos llegó a introducir la cabeza en el inodoro porque no podía respirar. Después de la requisa, los presos fueron obligados a desnudarse frente a sus celdas y a informar sus lesiones ante agentes que habían participado del operativo.
Las filmaciones realizadas por uno de los agentes, que registró imágenes y conversaciones en la celaduría, fueron incorporadas como una de las principales pruebas. Según la causa, esos registros también permitieron revisar la actuación de los médicos Martín Perisset y Fernando Troisi.
La Cámara Federal de La Plata señaló que los médicos certificaron la ausencia de lesiones en diez detenidos que luego presentaron heridas en exámenes posteriores. Por ese motivo, ambos enfrentarán cargos por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas.
La causa también analiza el régimen de “sectorización” aplicado entre el 10 y el 13 de junio. Según la acusación, las raciones de comida se dejaban en el piso fuera del alcance de los presos, mientras el pabellón permanecía sin luz, con sanitarios tapados y ventanas sin cerramiento.
La medida terminó cuando una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias llegó a la unidad y encontró a los detenidos reclamando comida y agua, además de viandas tiradas en el suelo. La fiscalía sostiene que el aislamiento funcionó como una sanción colectiva prohibida por la ley.
Entre los acusados hay 29 agentes de la División Registros, seis integrantes del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes y tres jefes de turno. También fueron imputados el director de la Unidad Residencial III, integrantes del Comité de Seguridad y un jefe de día por distintos delitos vinculados con las torturas, el abuso de autoridad y la falsificación de documentos públicos.
Las defensas argumentaron que la requisa fue necesaria por el incendio y la resistencia de los presos, a quienes atribuyeron el uso de elementos punzocortantes. También sostuvieron que la sectorización era un aislamiento provisorio previsto por la reglamentación y cuestionaron que los episodios de la “montaña humana”, la mirilla y el inodoro tuvieran respaldo médico suficiente.
El juez consideró que esos planteos ya habían sido evaluados por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que confirmó los procesamientos en julio de 2025. En esta etapa, señaló, alcanza con un juicio de probabilidad y la determinación definitiva sobre la responsabilidad de los acusados quedará a cargo del tribunal oral.
El juicio se realizará ante un Tribunal Oral Federal de La Plata, que será designado por sorteo. En la misma resolución, el juez sobreseyó a dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros, quienes, según la decisión, solo participaron en la extinción del fuego y la ventilación del pabellón.
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