Crisis en la Federal: la protesta en Casa Rosada destapa corrupción, bajos salarios y el fracaso del DFI
La imagen de un cabo sujeto a las rejas de la Casa Rosada ha visibilizado la profunda precariedad que atraviesa la Policía Federal Argentina. Mientras los efectivos denuncian sueldos que los obligan a trabajar en aplicaciones de transporte, surgen graves acusaciones sobre corrupción interna mediante destinos fantasmas y el desmantelamiento de la obra social. En este contexto, la creación de la Dirección Federal de Investigaciones es señalada como una fachada sin recursos reales.
Infórmate en DiarioPampero.com – La tensión en las fuerzas de seguridad escaló tras la protesta de un suboficial en Balcarce 50, exponiendo una realidad alarmante: salarios licuados por la inflación y esquemas de corrupción institucional. Los uniformados alertan sobre un posible acuartelamiento para marzo ante la falta de respuestas de la cartera de Seguridad, hoy bajo la gestión de Alejandra Monteoliva, mientras crece el malestar por la disparidad de ingresos con otras fuerzas locales.
La reciente manifestación protagonizada por el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se esposó a las rejas perimetrales de la Casa Rosada portando su arma reglamentaria, ha funcionado como el catalizador de una crisis interna que se venía gestando en silencio dentro de la Policía Federal Argentina (PFA). Este episodio expuso ante la opinión pública el severo deterioro de las condiciones laborales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, actualmente dirigido por Alejandra Monteoliva pero con la influencia política de Patricia Bullrich. La situación salarial ha llegado a un punto de quiebre tal que, según testimonios internos, entre el 50 y el 70 por ciento de los suboficiales deben desempeñarse como choferes de aplicaciones de transporte al finalizar su turno para poder subsistir.
Los ingresos de los agentes federales han quedado rezagados de manera notoria en comparación con otras jurisdicciones, una situación impensada años atrás. En la actualidad, un efectivo de la Policía de la Ciudad percibe el doble que un federal, y los salarios de la Policía Bonaerense también han superado a los de la fuerza nacional. Los aumentos otorgados en los últimos meses, que rondan el 1,9 por ciento, se ubican por debajo de los índices de inflación, lo que ha generado un clima de exasperación entre los uniformados que no recibían actualizaciones desde agosto y esperaban una recomposición mínima del 10 por ciento.
Esta disparidad económica ha creado una división interna entre quienes portan armas y quienes no. Aquellos sin portación carecen de adicionales y deben conformarse con sueldos básicos que oscilan en los 750.000 pesos, obligándolos al pluriempleo inmediato. Por otro lado, quienes acceden a los servicios adicionales deben afrontar jornadas extenuantes de hasta 12 horas para alcanzar un ingreso de un millón y medio de pesos, inmersos en un sistema que también es objeto de denuncias.
Denuncias de corrupción sistemática mediante destinos inexistentes y el colapso de la cobertura sanitaria en el Hospital Churruca
Más allá de la cuestión salarial, el malestar se profundiza por las denuncias sobre mecanismos de recaudación ilícita conocidos como «destinos fantasmas». Según relatan los propios efectivos, en áreas como la Superintendencia de Transporte, encargada de la seguridad en estaciones ferroviarias, se asignan formalmente dotaciones de personal superiores a las que realmente prestan servicio. La maniobra consistiría en facturar por diez agentes cuando solo asisten cinco; el dinero excedente de esos adicionales se reparte, presuntamente, entre los jefes y los policías que figuran en las planillas sin asistir. Este «gran robo», como lo denominan en la fuerza, es difícil de probar pero es un secreto a voces que indigna a la tropa.
Paralelamente, la salud del personal se encuentra en una situación crítica. La Superintendencia de Bienestar y el Hospital Churruca, históricamente reconocidos por su excelencia en la atención de heridas traumáticas y patologías del servicio, atraviesan un vaciamiento de recursos humanos y técnicos. El éxodo de médicos y enfermeros debido a los bajos honorarios, sumado al deterioro de la aparatología, ha llevado a que muchos policías eviten atenderse en su propia institución. La explicación oficial intenta atribuir el desfinanciamiento a la estructura familiar de los agentes más jóvenes, pero para los uniformados, esto es una muestra más del abandono institucional.
En este escenario de carencias, la implementación de la Dirección Federal de Investigaciones (DFI) ha sido recibida como una provocación. Presentada como un «FBI argentino» por la gestión de Bullrich, los agentes denuncian que se trata de una puesta en escena carente de contenido real. No se han asignado nuevos recursos ni personal especializado; simplemente se ha dotado a los mismos efectivos de chalecos con nuevas siglas y se han ploteado vehículos para los operativos mediáticos. Mientras faltan móviles, chalecos antibalas y municiones, el presupuesto parece destinarse a esta escenografía y a la compra de material antidisturbios.
La tensión podría escalar en las próximas semanas. A través de redes sociales, circulan convocatorias para un acuartelamiento el próximo 15 de marzo, fecha en la que se exigiría una recomposición salarial acorde a la realidad económica y herramientas de trabajo adecuadas. Aunque desde la jefatura ya han comenzado a advertir sobre sanciones y pases a disponibilidad para quienes se adhieran, la posibilidad de que sean los familiares quienes lleven adelante la protesta mantiene en alerta a las autoridades, en un clima donde el sentido de pertenencia a una fuerza de élite se desmorona frente a la realidad de los bolsillos.
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