La iniciativa obtuvo 44 votos y amplía el régimen simplificado de Ganancias
El Senado convirtió en ley la segunda versión de Inocencia Fiscal con 44 votos afirmativos y 23 negativos. La reforma amplía el Régimen Simplificado de Ganancias y modifica controles de ARCA. Además, la Cámara alta aprobó convenios para transferir competencias judiciales a CABA.
Infórmate en DiarioPampero.com – La nueva norma elimina límites de ingresos y patrimonio para ingresar al régimen simplificado, mientras los acuerdos judiciales aprobados por el Senado deberán continuar su trámite legislativo.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 17 de septiembre la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones al Régimen Simplificado de Ganancias y a determinados mecanismos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
La iniciativa recibió 44 votos afirmativos y 23 negativos. El oficialismo consiguió la sanción definitiva con el acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que el bloque peronista rechazó el proyecto y cuestionó sus efectos sobre el sistema de control tributario.
Durante la misma sesión, la Cámara alta también aprobó por 44 votos contra 21 acuerdos celebrados entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferir la justicia criminal y correccional de menores y otras competencias penales. A diferencia de Inocencia Fiscal II, esos convenios deberán continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Qué cambia con la nueva norma
La nueva legislación modifica el esquema aprobado a fines de 2025 y elimina los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias. Hasta ahora, podían quedar excluidos quienes superaran determinados montos anuales de ingresos o bienes.
El mecanismo busca simplificar la presentación y el pago del impuesto a las Ganancias a partir de la información que ARCA ya posee sobre cada contribuyente. La reforma también incorpora nuevas condiciones para las fiscalizaciones y permite subsanar determinadas diferencias detectadas por el organismo recaudador sin perder automáticamente los beneficios previstos por el régimen.
Entre los cambios se establece que una discrepancia deberá alcanzar determinados parámetros para ser considerada significativa. Además, cuando ARCA detecte una diferencia alcanzada por la norma, el contribuyente contará con 15 días hábiles para corregir la declaración, abonar lo correspondiente con intereses y conservar las protecciones del sistema.
La normativa también amplía el universo de personas que pueden utilizar el régimen. Los Grandes Contribuyentes Nacionales podrán ingresar al sistema simplificado, aunque con restricciones respecto de algunas de sus protecciones. Determinados funcionarios públicos y quienes hayan desempeñado esos cargos durante los últimos cinco años también tendrán limitaciones específicas.
El Gobierno sostiene que la modificación busca generar condiciones para que ahorros mantenidos fuera del sistema financiero puedan incorporarse al circuito formal. La normativa, sin embargo, no elimina las obligaciones y controles vigentes en materia de prevención del lavado de activos.
Durante el debate, el senador oficialista Bruno Olivera defendió la iniciativa bajo el argumento de que procura modificar la relación entre el fisco y los contribuyentes. Desde el peronismo, en cambio, José Mayans y otros integrantes del bloque cuestionaron el proyecto por considerar que funciona como una modalidad permanente de regularización de fondos y objetaron sus consecuencias tributarias.
La reforma contempla además que determinadas operaciones se realicen mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. También incorpora una excepción temporal para ciertos pagos en efectivo vinculados con escrituras de inmuebles y establece disposiciones sobre el tratamiento de esos fondos en Bienes Personales.
La Ley de Inocencia Fiscal II entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial. Parte de las modificaciones vinculadas con el régimen simplificado también alcanzarán al período fiscal 2025, mientras que determinadas garantías contempladas por el esquema tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
En paralelo, el Senado avanzó con los convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos incluye la justicia criminal y correccional de menores y comprende delitos atribuidos a adolescentes de entre 14 y 18 años, mientras otro acuerdo contempla competencias penales actualmente bajo jurisdicción nacional.
Desde los sectores que respaldaron el traspaso sostuvieron que la medida apunta a concentrar bajo una misma jurisdicción determinadas funciones de prevención, investigación y sanción. Legisladores opositores cuestionaron, entre otros aspectos, el esquema de transferencia de recursos y sus implicancias para el federalismo fiscal.
Los acuerdos relacionados con la Justicia no quedaron convertidos en ley con la votación del Senado. Tras recibir la aprobación de la Cámara alta, deberán ser tratados por la Cámara de Diputados para completar su recorrido parlamentario.
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