El perdón presidencial que desató la polémica se relaciona con la conocida “masacre de Carandiru”, ocurrida hace 31 años y que dejó más de cien fallecidos. No es la primera vez que sucede; algo similar ya había hecho en 2021 indultando a miembros de las fuerzas de seguridad.
La medida beneficia a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandiru en 1992 en San Pablo.
Los agentes fueron condenados en juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca fueron encarcelados debido a maniobras judiciales con las que sus abogados lograron dilatar los juicios de apelación en instancias superiores.
Se trata de un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
El decreto también beneficia a los condenados que hayan resultado afectados de paraplejia, cuadriplejia o ceguera, con posterioridad a la comisión del delito o como consecuencia de éste; por enfermedad grave permanente, que, a la vez, impone severa limitación de la actividad y requiere cuidados continuos que no puedan ser brindados en el establecimiento penitenciario; o por una enfermedad grave, como una neoplasia maligna o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), en estado terminal.
En todas estas situaciones, será necesario acreditarlo mediante informe médico oficial o, en su defecto, por médico designado por el tribunal de ejecución, consignó el sitio periodístico Brasil247.
También se concederá indulto navideño a los agentes públicos de los organismos de seguridad que, en el ejercicio de su función o con motivo de ella, hayan sido condenados, aunque sea provisionalmente, por un hecho cometido hace más de 30 años, siempre que, al momento de su comisión, no se considera un crimen atroz.
El decreto también concede el indulto navideño a las personas mayores de 70 años, condenadas a pena privativa de libertad, que hayan cumplido al menos un tercio de la pena.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario de ultraderecha, celebró los indultos en sus redes sociales diciendo que “hoy se hizo justicia” para los policías autores de los homicidios en Carandiru, a los que “intentaron arrestar por 30 años”.
“Policías militares que entraron donde ninguna madre siquiera permitiría que sus hijos entrasen y cumplieron su misión. Sufrieron, incluso con la aplastante mayoría de la sociedad apoyándolos”, afirmó.
La matanza de Carandiru se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de este recinto penal, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
La Policía reprimió con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas sin posibilidad de defenderse o huir.
Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente.
El responsable de la operación, el coronel de policía Ubiratan Guimarães, fue condenado en 2001 por el uso excesivo de la fuerza, pero tampoco llegó a ser encarcelado y resultó absuelto en una apelación en 2006, pocos meses antes de morir asesinado.
La conmoción que produjo la matanza llevó a las autoridades brasileñas a clausurar Carandiru en 2002 para luego ordenar su demolición y construir allí un parque.
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