Santiago del Estero: investigan la muerte de una abogada tras denunciar la difusión de material íntimo por su expareja
El fallecimiento de una joven profesional en Pinto expone fallas en la respuesta estatal ante denuncias por violencia digital y de género, mientras su familia reclama por la falta de contención, cuestiona la actuación judicial y señala presuntos vínculos de poder que podrían haber condicionado el proceso y las medidas de protección disponibles para la víctima.
Infórmate en DiarioPampero.com – La muerte de Shadya Altamirano, abogada de 29 años en Pinto, reabre el debate sobre la protección estatal ante la difusión no consentida de material íntimo. Había denunciado a su exnovio por amenazas y viralización de contenido, pero su familia cuestiona la falta de contención y respuesta. La fiscalía sostiene que ofreció medidas, mientras la investigación avanza entre acusaciones de abandono institucional y posibles influencias en el entorno judicial.
La muerte de Shadya Altamirano, ocurrida el 11 de abril en la localidad santiagueña de Pinto, generó conmoción social y reavivó el debate sobre los mecanismos de protección frente a la violencia de género y la exposición digital. La joven abogada había denunciado semanas antes a su expareja por la difusión de fotos y videos íntimos sin su consentimiento, situación que, según su entorno, derivó en un cuadro de angustia persistente.
De acuerdo con la investigación, la denuncia fue presentada el 1 de marzo en la Comisaría Comunitaria N° 15. Allí, Altamirano acusó a su exnovio, de 43 años, por amenazas y por la viralización de material privado a través de aplicaciones de mensajería. Desde la fiscalía indicaron que se dispusieron medidas como restricciones de acercamiento y la posibilidad de un botón antipánico, recurso que la joven decidió no aceptar.
La familia, sin embargo, sostiene que la asistencia fue insuficiente. Afirman que no hubo acompañamiento psicológico ni seguimiento efectivo del caso, y que la denuncia no derivó en acciones concretas que pudieran contener la situación.
Denuncia, conflicto judicial y reclamos por la respuesta institucional
En su declaración, Altamirano describió una relación de nueve años atravesada por situaciones de violencia psicológica, física y sexual. Tras la ruptura, la difusión del material íntimo profundizó su estado emocional. Su madre, María Verónica Rodríguez, aseguró que la joven atravesaba una crisis severa y que ya existían antecedentes de problemas de salud mental.
Días antes del fallecimiento, la familia había dejado constancia del estado de la joven en una dependencia policial especializada. El acta mencionaba tratamientos psiquiátricos interrumpidos y episodios de autolesión, lo que reforzaba la necesidad de una intervención integral.
Uno de los puntos más controvertidos del caso gira en torno a presuntos vínculos del acusado con el ámbito judicial. Según la familia, el hombre tendría relación con una autoridad de la fiscalía regional, lo que, afirman, generó una percepción de impunidad. “Nos dejaron solos”, expresó la madre, quien también cuestionó que la citación para declarar se produjera recién tras la difusión mediática del caso.
Por su parte, fuentes judiciales señalaron que no existen registros de pedidos formales de medidas adicionales tras la denuncia inicial, lo que expone posibles inconsistencias en el circuito institucional.
Mientras tanto, la fiscalía ordenó la autopsia, el análisis del teléfono celular de la víctima y el secuestro de elementos hallados en el lugar. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar eventuales responsabilidades.
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