Alberto Fernández exige la devolución de sus dispositivos electrónicos tras el allanamiento
El expresidente Alberto Fernández ha solicitado a la Justicia que le devuelva los teléfonos y otros aparatos electrónicos incautados en su domicilio. El pedido se fundamenta en que no habría violado la orden judicial que le prohibía comunicarse con Fabiola Yañez.
El expresidente Alberto Fernández, quien gobernó Argentina entre 2019 y 2023, solicitó este martes al juez federal Julián Ercolini la devolución de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados durante un allanamiento realizado el 9 de agosto. La petición, a la que tuvo acceso este medio, sostiene que Fernández no violó la orden judicial que le impedía contactar a su ex pareja, Fabiola Yañez, razón por la cual considera que el motivo del allanamiento fue «abstracto».
El conflicto judicial comenzó cuando la defensa de Yañez presentó un escrito donde se confirmaba que el último contacto telefónico entre ambos se había registrado el martes 6 de agosto. Pocas horas después, Fernández fue notificado en su domicilio sobre la orden que le prohibía comunicarse con ella. La abogada de Yañez, Vilma Carluccio, presentó un documento ante el fiscal Ramiro González, asegurando que desde esa fecha no se recibieron más mensajes desde el celular de Fernández.
Un allanamiento cuestionado
El 9 de agosto, basándose en la denuncia de Yañez sobre «mensajes intimidatorios» provenientes del celular de Fernández, la Fiscalía solicitó el allanamiento del domicilio en Puerto Madero. Durante el procedimiento, la Policía Federal incautó varios dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos y memorias.
Según fuentes judiciales, estos dispositivos se encuentran resguardados en la caja fuerte de la Fiscalía. Si se comprueba que Fernández no incumplió la orden judicial, podrían devolverle sus pertenencias.
Paralelamente, la abogada de Fernández, Silvina Carreira, presentó una denuncia penal contra Yañez, acusándola de violación de secreto y acceso ilegítimo a la nube de Google, delitos previstos en el Código Penal. Carreira argumentó que Yañez era la única persona con acceso a la información difundida, la cual estaba almacenada en un dispositivo que Fernández había regalado a su hijo.
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