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ANMAT prohíbe la venta online del medicamento para adelgazar


ANMAT prohíbe la venta online del medicamento para adelgazar Lipoless por falta de registro sanitario


La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica sacó de circulación un producto ofrecido en internet para la pérdida de peso. El fármaco, que contiene tirzepatida y es adjudicado a un laboratorio extranjero, carece de la inscripción obligatoria que garantiza su seguridad. Las autoridades advirtieron sobre los graves peligros de adquirir estos artículos fuera del circuito de farmacias autorizadas, exponiendo a los consumidores a sustancias de dudosa procedencia.

Infórmate en DiarioPampero.com – La ANMAT dispuso la prohibición absoluta del producto Lipoless en todo el territorio nacional al detectar su venta en plataformas digitales sin el correspondiente registro. La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, busca proteger la salud pública frente a un medicamento atribuido a una firma paraguaya que incumple la normativa vigente. El principio activo requiere receta médica y su comercialización por fuera de las farmacias es un acto ilegal.

La disposición gubernamental que detiene la distribución de esta fórmula farmacéutica fue impulsada por las áreas técnicas dedicadas al monitoreo permanente del comercio electrónico. Durante los procedimientos de fiscalización de rutina, los inspectores detectaron la oferta de este compuesto en la web, presentado fundamentalmente como una solución para el descenso de peso. Tras identificar la anomalía, se consultó a la Dirección de Gestión de la Información Técnica, dependencia que confirmó que la sustancia ofrecida bajo el rótulo de un laboratorio radicado en Paraguay no figuraba en la base del Registro de Especialidades Medicinales. Este paso administrativo es un requisito ineludible para cualquier fármaco que pretenda ser distribuido en la Argentina, ya que certifica los estándares de elaboración.

La ausencia de avales documentales motivó la rápida intervención del Estado para evitar que los ciudadanos adquieran una sustancia de origen incierto. Al no estar inscripto, las autoridades sanitarias no pueden tener certezas sobre la composición real, las condiciones de fabricación o los controles de calidad a los que fue sometido el lote, convirtiendo al frasco en un riesgo inminente para quien decida aplicarlo en su organismo. El producto analizado se ofrecía de manera pública eludiendo todas las barreras de control impuestas por la legislación de salud.

Las graves implicancias sanitarias de adquirir tratamientos farmacológicos mediante canales no oficiales y el impacto de las infracciones a la legislación nacional que regula de forma estricta la venta de componentes médicos cuya administración requiere indispensablemente la evaluación previa y el seguimiento constante por parte de profesionales de la salud matriculados en todo el país

En sus fundamentos, el organismo nacional hizo especial hincapié en que la tirzepatida, el componente anunciado en la formulación restringida, cuenta con aprobación en el territorio para otras marcas comerciales. Sin embargo, su expendio está severamente regulado por las autoridades competentes: únicamente puede realizarse en establecimientos farmacéuticos físicos habilitados y exige la presentación de una prescripción médica pormenorizada. La venta virtual de este tipo de medicamentos, además de representar un daño latente a la salud poblacional, viola la Ley 16.463, norma dictada para resguardar a los pacientes de adulteraciones y automedicaciones perjudiciales.

Al no poder trazar la ruta de importación, las condiciones de conservación ni el respeto por la cadena de frío, las agencias de control están imposibilitadas de respaldar su eficacia terapéutica. Por lo tanto, la restricción de uso y distribución rige de forma total sobre todos los lotes y presentaciones del producto en cuestión hasta que la empresa involucrada regularice su situación. Esta determinación ya fue notificada formalmente a las administraciones sanitarias provinciales, entes de aduanas y a las oficinas de defensa del consumidor de toda la nación para asegurar su inmediato cumplimiento y proteger a los usuarios.

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