Argentina pierde competitividad en el agro por su obsoleta ley de semillas y la fuga de inversión extranjera
Un informe de la Universidad Austral revela el retroceso de Argentina en la innovación agrícola durante las últimas dos décadas. La falta de actualización en la normativa de propiedad intelectual ha provocado una caída superior al cincuenta por ciento en la participación de inversores extranjeros para nuevas variedades. Mientras competidores como Brasil adoptan estándares modernos, el país mantiene reglas de los años setenta que desalientan el desarrollo científico y tecnológico local.
Infórmate en DiarioPampero.com – El sector agropecuario enfrenta un desafío urgente debido a la obsolescencia de su marco legal en materia de semillas. Según estudios recientes, la adhesión a normativas de 1978 ha generado una marcada pérdida de competitividad frente a potencias como Estados Unidos o Brasil. La inversión foránea en genética vegetal se ha desplomado, limitando el acceso a tecnologías que aumentan la productividad. Expertos advierten que sin reglas claras que protejan la propiedad intelectual, el potencial científico nacional continuará estancado.
La posición de Argentina en el escenario global de la biotecnología agrícola ha sufrido un deterioro considerable en los últimos veinte años. Un reciente documento elaborado por la Universidad Austral expone una realidad preocupante para el futuro productivo del país: la participación de inversores extranjeros en las solicitudes de nuevas variedades de semillas se ha reducido a menos de la mitad. Este fenómeno no es casual, sino la consecuencia directa de un marco regulatorio que se considera demasiado permisivo y que no ofrece las garantías necesarias sobre los derechos de propiedad intelectual, desincentivando así la llegada de capitales orientados a la investigación.
La innovación en el desarrollo de semillas constituye uno de los pilares fundamentales para incrementar la productividad de los cultivos y sostener la capacidad de competencia en los mercados internacionales. Sin embargo, en el ámbito local, este proceso se topa con un obstáculo determinante: una legislación anclada en el pasado. Mientras que la dinámica global de la agricultura moderna depende en gran medida de los avances biotecnológicos impulsados por el sector privado y una fuerte inversión en ciencia aplicada, Argentina continúa operando bajo los parámetros del convenio UPOV 78, una normativa vigente desde la década del setenta que resulta insuficiente para los desafíos actuales.
La comparación internacional y el impacto de un sistema legal que no protege los derechos de quienes invierten en tecnología
El contraste con otros países productores de alimentos es evidente. La mayoría de los competidores directos de Argentina han modernizado sus sistemas legales, convergiendo hacia estándares internacionales más rigurosos, como el acta UPOV 91. La evidencia empírica contradice uno de los argumentos más utilizados por quienes se oponen a la actualización de la ley: la idea de que una mayor protección solo beneficiaría a las grandes corporaciones y reduciría la competencia. Por el contrario, naciones como Brasil y Estados Unidos, que cuentan con marcos regulatorios robustos, exhiben mercados mucho más dinámicos y han logrado atraer un volumen superior de inversiones y registros de nuevas variedades.
En el caso argentino, la tendencia es inversa. La participación de inversores no residentes ha caído progresivamente, y el sistema se ha vuelto extremadamente sensible a los vaivenes políticos, lo que incrementa la incertidumbre y desalienta los proyectos a largo plazo. A esta inseguridad jurídica se suma una brecha creciente entre las solicitudes de registro presentadas y el otorgamiento efectivo de los derechos, lo cual es indicativo de un funcionamiento institucional deficiente que termina por afectar tanto a los desarrolladores de tecnología como a los productores que no acceden a las últimas innovaciones.
A pesar de este diagnóstico adverso, el potencial del país permanece latente. Argentina dispone de capacidades científicas de alto nivel, un capital humano calificado y una ubicación geográfica ventajosa para la producción agrícola. Estas condiciones podrían permitirle no solo ser un exportador de materias primas, sino también consolidarse como un proveedor de tecnología y genética de vanguardia. No obstante, el informe concluye que para transformar esta posibilidad en realidad es imprescindible avanzar hacia un esquema legal moderno y estable. Sin mecanismos de cambio que respeten la propiedad intelectual y promuevan la inversión privada, el sector corre el riesgo de perpetuar su estancamiento institucional.
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