Banco Nación lleva a La Pampa ante la Corte Suprema por el aumento del Impuesto a los Ingresos Brutos

El Banco de la Nación Argentina presentó una demanda contra la provincia de La Pampa tras la decisión de incrementar la alícuota sobre las actividades financieras, argumentando que afectará gravemente la economía local y la disponibilidad de crédito.

El Banco Nación (BNA) ha dado un paso significativo al presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la provincia de La Pampa. Esta medida legal responde al reciente aumento del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre la actividad financiera, que pasó del 7% al 15,47%, afectando principalmente a los créditos que el banco otorga en esa provincia. El incremento fue formalizado mediante el Decreto N°3609, que promulga la Ley Provincial N°3582, y entrará en vigor en septiembre de 2024.

Desde el BNA, su presidente Daniel Tillard advirtió sobre el impacto que este aumento impositivo tendrá en la región, especialmente en las PyMEs y otros sectores productivos. Tillard sugirió que la entidad está evaluando la posibilidad de cerrar la Gerencia Zonal en La Pampa debido a los altos costos que el nuevo esquema fiscal representará.

La presión fiscal y su impacto en la economía nacional

El conflicto entre el Banco Nación y La Pampa se enmarca en un contexto económico en el que el gobierno nacional, liderado por Javier Milei, está buscando reducir la carga impositiva para combatir la inflación y estimular el crecimiento económico. En este sentido, Tillard hizo referencia a la importancia de mantener líneas de crédito abiertas para las PyMEs, a pesar del aumento de los costos.

El temor dentro del sector bancario es que otras provincias sigan el ejemplo de La Pampa, lo que podría generar un efecto dominó en el sistema financiero nacional. Mientras tanto, el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, también está tomando medidas para frenar el incremento de tasas e impuestos provinciales y municipales, particularmente aquellos que se aplican en servicios esenciales como electricidad y gas, los cuales han sido objeto de fuertes críticas por parte del gobierno central.

Este escenario tensa aún más las relaciones entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales, en un debate que pone en juego la sostenibilidad económica y el acceso al crédito en todo el país.