Casación ratifica la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la obra pública

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta. La decisión se dio a conocer en una audiencia pública celebrada en los tribunales de Comodoro Py, que reaviva el debate sobre la justicia y la política en Argentina.
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó este miércoles la condena de la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión, junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La acusación se centró en la administración fraudulenta de la obra pública otorgada al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
El fallo se dio a conocer en una audiencia pública en Comodoro Py y fue acompañado de un extenso documento de 1541 páginas que también ratificó las condenas a otros implicados, como Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros. Las penas varían desde los seis hasta los tres años y medio de prisión, y se incluyen absoluciones, como la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros funcionarios.
Un proceso que mantiene a la sociedad expectante
El juicio, que ya había resultado en una sentencia previa, ahora espera la resolución de los recursos que podrían elevar el caso a la Corte Suprema. Durante la audiencia, Borinsky destacó el papel “central y superlativo” de la ex mandataria en lo que denominó un esquema de corrupción estructural que afectó a las arcas públicas. Según el magistrado, el impacto y la magnitud del delito justifican la pena impuesta.
Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, no se encontraba presente en los tribunales al momento de la lectura de la sentencia; en cambio, participaba en un evento en Moreno junto a la intendenta Mariel Fernández y un grupo de 400 mujeres. Su defensa, liderada por Alberto Beraldi, había anticipado que no estaría en la audiencia.
La reacción de la ex presidenta, y de una sociedad que sigue de cerca los acontecimientos, refleja las profundas divisiones en torno a la figura de quien ha marcado la historia reciente del país. La ratificación de la sentencia aviva una vez más el debate sobre la relación entre el poder político y la justicia, y sobre los próximos pasos de un proceso que aún tiene camino por recorrer en las esferas judiciales más altas.
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