Fiscalía y Gendarmería investigan la matanza de vicuñas en la Puna jujeña
La investigación por la caza ilegal de vicuñas en Jujuy se activó tras denuncias de comunidades de la Puna, que estiman que unos 350 animales fueron asesinados durante 2026. La Fiscalía Ambiental coordinó inspecciones con Gendarmería y otras fuerzas para identificar a los responsables y rastrear la comercialización de la fibra.
Infórmate en DiarioPampero.com – La causa también analiza posibles ventas en ferias y redes sociales, mientras las autoridades buscan determinar cómo funcionaba el circuito de extracción y comercialización del vellón.
La caza ilegal de vicuñas en Jujuy quedó bajo investigación judicial luego de que comunidades de la Puna denunciaran un aumento de las matanzas. Según el material difundido por la Fiscalía Ambiental, se estima que unas 350 vicuñas murieron en lo que va de 2026 y que los animales fueron atacados para extraer su fibra.
Las reuniones entre fiscales, pobladores y fuerzas de seguridad se realizaron el 20 y 21 de octubre en sectores afectados de la Puna jujeña. Participaron comunidades originarias, integrantes de CAMVI, la Asociación de Criadores de Vicuñas, personal del INTA Miraflores, la Policía de Jujuy, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía Nacional de Bolivia.
El fiscal en lo Ambiental, Javier Sánchez Serantes, encabezó las actividades junto con el secretario relator de la Fiscalía. Los equipos realizaron inspecciones oculares en zonas donde se registraron ataques y en posibles apostaderos utilizados por los cazadores, mientras la causa procura establecer quiénes participaron y cómo se organizó la comercialización posterior.
El valor de la fibra
De acuerdo con la información de la investigación, los cazadores utilizan armas de fuego y se ocultan en estructuras de piedra ubicadas en los lugares de paso de los animales. Después de abatirlos, extraen el vellón o retiran el cuero, mientras abandonan los cuerpos en el terreno.
Un vellón pesa entre 200 y 250 gramos y puede venderse inicialmente por unos 150 dólares en el mercado ilegal, explicó Sánchez Serantes. El valor puede aumentar cuando la fibra se utiliza para confeccionar prendas: según el fiscal, un poncho puede alcanzar aproximadamente los 1.300 dólares.
La Justicia analiza dos posibles destinos para el material obtenido: una feria de Jujuy, cuya ubicación no fue difundida para no afectar la pesquisa, y otra feria en Bolivia. Las averiguaciones también se extendieron a las redes sociales para detectar ofertas y eventuales compradores dentro y fuera del país.
Uno de los episodios señalados ocurrió en Ciénaga de Paicone, donde pobladores encontraron 12 vicuñas sacrificadas a unos 20 kilómetros de la localidad. Sebastián Arias, presidente de la comunidad originaria, afirmó que la población silvestre de la zona habría pasado de 2.000 ejemplares el año pasado a entre 300 y 400 en la actualidad.
La Fiscalía solicitará información al organismo nacional encargado del registro y control de armas para determinar aspectos vinculados con la provisión de municiones. Entre las hipótesis analizadas figura un posible desplazamiento de cazadores desde Perú por la presencia de sarna en vicuñas de ese país, aunque el fiscal aclaró que esa posibilidad no excluye otras líneas de investigación.
La pesquisa también contempla la posible participación de personas de Jujuy, de otras provincias o de Bolivia con apoyo de habitantes locales. La cooperación transfronteriza forma parte de las medidas adoptadas en una zona donde las comunidades advierten dificultades para controlar grandes extensiones y señalan la existencia de un paso no habilitado a pocos kilómetros de Ciénaga de Paicone.
Según lo informado por los pobladores, la actividad de los cazadores se concentraría durante el invierno, entre mayo y agosto o septiembre, cuando hay menor presencia de personas en campos situados a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Las autoridades pidieron denunciar cualquier episodio para incorporar datos a la causa e identificar a los responsables.
La Fiscalía Ambiental reafirmó que buscará aplicar la persecución penal correspondiente por la caza de una especie protegida y planteó la necesidad de reforzar la coordinación entre comunidades, organismos competentes y fuerzas de seguridad, además de impulsar campañas de concientización sobre la protección de las vicuñas.
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