Corrupción y engaño: ANDIS suspende 110.522 pensiones por discapacidad al azar
Infórmate en DiarioPampero.com – La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta duras críticas tras revelarse que suspendió miles de pensiones por discapacidad al azar, afectando a personas vulnerables. Documentos y audios filtrados exponen un sistema diseñado para recortar beneficios sin evaluaciones individuales, con empleados incentivados a cumplir metas de bajas. Organizaciones denuncian violaciones a derechos humanos y exigen la restitución de las pensiones, mientras el gobierno justifica las medidas como un “saneamiento” de irregularidades.
Recortes masivos y prácticas cuestionables: el drama de las personas con discapacidad
Audios y documentos revelan un proceso de bajas de pensiones por discapacidad sin criterios claros, dejando a miles sin sustento. La sociedad civil exige respuestas y transparencia.
En Argentina, un escándalo de proporciones ha puesto a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el centro de la controversia más perversa que se recuerde. Según revelaciones recientes, el organismo suspendió más de 110.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral en 2025, sin causas, solo al azar se afectaron a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Estas pensiones, rondan los 290.000 pesos mensuales. Además de ser vergonzantes e injustas, son esenciales para quienes enfrentan discapacidades permanentes y viven en condiciones de pobreza. Sin vinculaciones éticas, el Gobierno de Milei diseñó un sistema para cumplir metas de ajuste fiscal y corrupción respaldado por el decreto 843/24, ha dejado a miles sin este apoyo vital.
En este contexto, el 8 de agosto de 2025, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que ANDIS había dado de baja 110.522 pensiones, argumentando que fueron “mal otorgadas” en gestiones anteriores. Como había más para ajustar a «la casta», se eliminaron 8.107 beneficios correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que supuestamente renunciaron voluntariamente.
Lo cierto que todo este relato en la voz de este oscuro personaje, queda expuesto en una trama de mentiras. De acuerdo a los audios y documentos filtrados la historia es claramente otra: se trató de un proceso de bajas masivo, ejecutado sin evaluaciones médicas individuales y basado en métodos inmorales que priorizaban cumplir objetivos numéricos por encima de los derechos de las personas.
Un mecanismo diseñado para excluir
Todo esto ocurrió bajo la dirección de Diego Spagnuolo, ANDIS implementó un sistema que incentivaba a los empleados a suspender pensiones de manera acelerada. Los trabajadores recibían instrucciones para realizar bajas de forma remota, utilizando planillas Excel ordenadas alfabéticamente y seleccionando nombres al azar. Para facilitar el proceso, se les proporcionó un “modelo de dictamen” que podían copiar y pegar, con permiso para omitir pasos del protocolo si lo consideraban necesario.
Esta práctica, conocida como “marear el expediente”, incluía alterar deliberadamente datos como los domicilios de los beneficiarios para garantizar que las notificaciones no llegaran, justificando así las suspensiones por “inasistencia” a auditorías.
Los empleados que alcanzaban mayores cantidades de bajas eran premiados con bonos y felicitaciones públicas, mientras que aquellos que se opusieron a estas prácticas enfrentaron marginación laboral o despidos. En grupos de WhatsApp, como el de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se coordinaban estas acciones, y los responsables celebraban haber logrado “cifras récord” de suspensiones. Los documentos filtrados muestran un instructivo detallado que guiaba a los empleados, muchos de los cuales carecían de experiencia previa en la materia, sobre cómo iniciar expedientes de baja sin revisar la situación de los beneficiarios.
El decreto 843/24, firmado en septiembre de 2024, estableció que la no respuesta a una citación para auditoría era motivo suficiente para suspender una pensión. Sin embargo, las notificaciones, enviadas a través de la empresa Andreani tras una licitación de 13.000 millones de pesos, presentaron graves fallas. De las 997.654 citaciones emitidas, 504.802 (el 50,59%) no llegaron a destino. En provincias como Chaco, el 79,08% de las notificaciones fallaron, mientras que en Buenos Aires el porcentaje fue del 38,26%. Estas fallas, lejos de ser un error administrativo, parecen haber sido parte de una estrategia para justificar las bajas masivas.
Impacto humano y críticas sociales
El impacto de estas medidas es devastador. Las personas con discapacidad, muchas de las cuales dependen de estas pensiones para cubrir necesidades básicas como medicamentos y tratamientos, se han visto obligadas a suspender terapias o depender de la ayuda familiar. En muchos casos, las citaciones exigían viajar cientos de kilómetros para auditorías médicas, sin considerar las barreras de accesibilidad o la falta de claridad en las instrucciones. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) han denunciado que este proceso viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008 y tiene rango constitucional.
El gobierno, por su parte, defiende las auditorías como una herramienta para combatir supuestas irregularidades, citando casos aislados como el de una radiografía de un perro presentada para obtener una pensión, un ejemplo que resultó ser falso. Sin embargo, las organizaciones civiles argumentan que estas acusaciones estigmatizan a las personas con discapacidad, presentándolas como “especuladores” que abusan de los recursos estatales. Según datos oficiales, de las 1.266.945 pensiones vigentes a principios de 2025, el Ejecutivo planea reducirlas a 749.451 para diciembre, lo que representa un recorte del 40% en un sector ya vulnerable.
La indignación ha llevado a movilizaciones masivas en todo el país. En Córdoba, cientos de personas se concentran diariamente frente a las oficinas de ANDIS, mientras que en Buenos Aires las protestas se han centrado en el Congreso Nacional. Legisladores de la oposición han solicitado la interpelación de funcionarios clave y han exigido informes detallados sobre el proceso de auditorías. Además, se han presentado acciones legales, como amparos colectivos, para suspender las bajas y exigir un procedimiento transparente que respete los derechos de las personas con discapacidad.
Un retroceso en derechos humanos
Las críticas no se limitan a las prácticas administrativas. Organizaciones denuncian que el traslado de ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud, mediante el decreto 585/24, refuerza un modelo médico-rehabilitador que desconoce las barreras sociales y las obligaciones del Estado hacia las personas con discapacidad. Este enfoque contradice los principios de la Convención de la ONU, que promueve una visión social e inclusiva de la discapacidad. La falta de participación de organizaciones civiles en el diseño de las auditorías y la ausencia de protocolos claros han agravado la situación.
El escándalo también ha reavivado acusaciones de corrupción en ANDIS, especialmente tras la filtración de audios que involucran a altos funcionarios. La renuncia de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y amigo personal del presidente Javier Milei, no ha silenciado las demandas de una investigación exhaustiva. Mientras tanto, las personas afectadas enfrentan una realidad incierta, con un sistema que parece priorizar el ajuste fiscal por encima de los derechos humanos.
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