Cristina Kirchner apela a la Corte Suprema por la tobillera electrónica
Infórmate en DiarioPampero.com – La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, Buenos Aires, busca que la Corte Suprema revierta la obligación de usar tobillera electrónica y las restricciones de visitas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2. Su defensa, liderada por Carlos Beraldi, presentó un recurso extraordinario, argumentando que la custodia policial permanente hace innecesario el dispositivo. Además, recusó a los tres jueces de la Corte, exigiendo que el caso sea revisado por conjueces.
Un nuevo capítulo judicial en la condena por el caso Vialidad pone a Cristina Kirchner en el centro de la controversia, mientras enfrenta otro juicio por la causa Cuadernos.
Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta en la causa Vialidad, intensifica su batalla legal para modificar las condiciones de su reclusión. Desde su domicilio en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta y actual líder del Partido Justicialista (PJ) presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es claro: eliminar la obligación de usar una tobillera electrónica y flexibilizar las restricciones que limitan las visitas a su hogar, medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) tras la confirmación de su condena en junio de 2025.
El abogado Carlos Beraldi, representante legal de Fernández de Kirchner, fundamentó el recurso en la innecesariedad del dispositivo de monitoreo electrónico, dado que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina. Según la defensa, esta vigilancia constante garantiza el cumplimiento de la pena, haciendo redundante la tobillera. Además, se cuestiona la restricción de visitas, que exige autorización judicial previa para cualquier persona no incluida en una lista preaprobada de familiares, abogados, médicos y custodios. Para la defensa, estas medidas son desproporcionadas y afectan los derechos personales y políticos de la exmandataria.
En un movimiento audaz, Fernández de Kirchner también recusó a los tres jueces de la Corte Suprema –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– argumentando falta de imparcialidad. La defensa solicitó que el recurso sea analizado por conjueces, lo que implica un sorteo para designar magistrados externos al tribunal. Este planteo busca garantizar una revisión objetiva, aunque la Cámara Federal de Casación Penal deberá primero decidir si concede el recurso extraordinario. De no hacerlo, la defensa podría presentar un recurso de queja directamente ante la Corte.
Un horizonte judicial complejo
La condena de Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema en junio de 2025, se originó en el direccionamiento de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015. El perjuicio al Estado, según peritos de la Corte, asciende a 684.990 millones de pesos (unos 537 millones de dólares al cambio actual). Junto a ella, otros ocho condenados, incluidos Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, enfrentan la devolución solidaria de esta suma. La sentencia también incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, frustrando las aspiraciones de Fernández de Kirchner de competir en las elecciones legislativas de Buenos Aires.
Mientras tanto, un nuevo frente judicial se avecina. El 6 de noviembre de 2025, Fernández de Kirchner deberá presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, para el inicio del juicio oral por la causa Cuadernos. Este proceso, que se llevará a cabo de manera virtual, investiga supuestos sobornos sistemáticos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita y recibir coimas para favorecer contratos de obra pública, en un caso que involucra a más de 140 imputados y 630 testigos. Los embargos dispuestos superan los 1.100 millones de dólares, reflejando la magnitud de las acusaciones.
La causa Cuadernos se basa en las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien documentó presuntos traslados de dinero en efectivo. Aunque Fernández de Kirchner no fue condenada por asociación ilícita en Vialidad, este delito vuelve a ser central en el nuevo juicio, con una potencial pena de hasta 16 años de prisión si se acumulan los cargos. La modalidad virtual del proceso, una novedad en casos de esta envergadura, busca agilizar las audiencias, pero también plantea desafíos técnicos y legales.
La situación de Fernández de Kirchner no solo tiene implicancias judiciales, sino también políticas. Desde la confirmación de su condena, el peronismo ha cerrado filas en su apoyo, con movilizaciones frente a su domicilio y declaraciones de figuras como el exjuez español Baltasar Garzón, quien calificó el fallo de Vialidad como “netamente político”. La expresidenta, por su parte, ha cuestionado públicamente a los jueces de la Corte, llamándolos “triunvirato títere” y denunciando una persecución judicial. Mientras la justicia define su futuro, el caso sigue siendo un punto de inflexión en la política argentina, polarizando opiniones y reavivando debates sobre corrupción y derechos humanos.
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