Diputados de la oposición denuncian penalmente a Luis Caputo por presunta manipulación de las estadísticas del Indec
La presentación judicial realizada por el bloque de Unión por la Patria acusa al titular del Palacio de Hacienda de diversos delitos, entre ellos la violación de secretos y falsificación de documentos públicos. El foco del conflicto radica en la decisión ministerial de postergar la actualización de la metodología para medir la inflación, una medida que, según los legisladores, busca ocultar el impacto real de los aumentos de tarifas en el Índice de Precios al Consumidor de inicios de 2026.
Infórmate en DiarioPampero.com – Diputados de Unión por la Patria denunciaron penalmente al ministro Luis Caputo por presunta injerencia en el Indec. Lo acusan de bloquear la actualización metodológica del IPC para evitar que el ajuste tarifario impacte en el índice de enero. Argumentan violación de deberes de funcionario público y del secreto estadístico, advirtiendo que manipular estos datos afecta jubilaciones, salarios y la credibilidad económica, vulnerando la independencia técnica del organismo.
El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) ha decidido llevar a los tribunales la gestión económica del Gobierno nacional, presentando una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo. La acusación formal enumera una serie de posibles delitos que comprometerían la transparencia institucional, tales como incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de deberes de confidencialidad, falsificación de documentos y, fundamentalmente, la violación del secreto estadístico, una herramienta legal diseñada para proteger la integridad de los datos nacionales.
El nudo central de la presentación judicial se encuentra en la metodología utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el escrito presentado por los legisladores opositores, Caputo habría impartido órdenes directas para mantener el cálculo inflacionario bajo una estructura desactualizada, desestimando la implementación de una nueva fórmula que el organismo técnico tenía previsto aplicar a partir de enero de 2026. Esta decisión, que fue reconocida públicamente por el propio funcionario, tendría como finalidad dilatar el impacto estadístico que la recomposición de tarifas de servicios públicos tendría sobre el índice general.
La controversia técnica posee un trasfondo de alto impacto social. La nueva metodología, que debía entrar en vigencia en febrero, se basa en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2017-2018, la cual actualiza los patrones de consumo de los argentinos. En contraste, el Gobierno ha optado por sostener la base de datos de 2004/2005. La diferencia no es menor: en el esquema más moderno, rubros como Vivienda, agua, electricidad, gas y transporte tienen una ponderación mucho mayor. Al utilizar la base antigua, el Gobierno lograría mostrar índices más bajos, dado que el peso de estos servicios —que han sufrido fuertes aumentos— se licúa en el cálculo final.
La difusión anticipada de datos sensibles y el impacto directo en los ingresos de jubilados y trabajadores
Otro punto neurálgico de la denuncia se enfoca en el manejo de la información. Los diputados señalaron que el ministro Caputo anticipó a través de sus redes sociales datos preliminares del IPC antes de su publicación oficial por parte del organismo competente. Asimismo, el funcionario admitió diferencias entre los resultados que arrojaban ambas metodologías. Para los denunciantes, este accionar constituye una violación flagrante a la Ley 17.622, que rige el Sistema Estadístico Nacional y garantiza el secreto y la independencia de los datos hasta su difusión oficial.
Las consecuencias de estas maniobras exceden el debate técnico y político. Los legisladores advirtieron que la manipulación del IPC tiene efectos económicos tangibles sobre la población, ya que este índice es el parámetro utilizado para la actualización de jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y es la referencia ineludible en las negociaciones paritarias. Una subestimación del índice inflacionario derivaría en una pérdida directa del poder adquisitivo para estos sectores. Además, remarcaron que el marco legal vigente prohíbe taxativamente las interferencias políticas sobre el Indec, considerándolas un ataque a la credibilidad macroeconómica del Estado.
Este escenario de conflicto se ve agravado por las tensiones internas dentro de la administración. La salida de Marco Lavagna de la titularidad del Indec y las discusiones sobre la implementación del nuevo método han expuesto las diferencias en el seno del Gobierno. Mientras la gestión de Javier Milei exhibe la desaceleración de la inflación como su principal activo político, los datos recientes del organismo —que arrojaron un 2,9% para enero y un acumulado interanual del 32,4%— son ahora observados con desconfianza por la oposición, que había solicitado previamente la interpelación del ministro en el Congreso para que brindara explicaciones sobre estos procedimientos.
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