Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la imputabilidad a 14 años
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del oficialismo que establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para menores. La normativa, que reduce la edad punible de 16 a 14 años, obtuvo 149 votos afirmativos gracias al apoyo de los bloques dialoguistas. El texto incluye penas de prisión para delitos graves, alternativas para infracciones menores y una asignación presupuestaria específica para adecuar la infraestructura en las provincias.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Cámara Baja otorgó media sanción al proyecto de Ley que reforma el Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Con 149 votos a favor y 100 en contra, el oficialismo logró avanzar con la iniciativa gracias a la alianza con el PRO, la UCR y bloques federales. El peronismo rechazó la propuesta en su totalidad. La ley contempla penas máximas de 15 años, centros especializados de detención y un presupuesto millonario para su aplicación efectiva.
El oficialismo consiguió un avance legislativo determinante en la Cámara de Diputados al lograr la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil. La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, introduce una modificación sustancial en el sistema judicial argentino al disminuir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La sesión concluyó con un resultado de 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención, reflejando una clara división en el recinto respecto a la política criminal dirigida a los menores de edad.
Para alcanzar este número, La Libertad Avanza contó con el respaldo legislativo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. Estos espacios políticos actuaron en conjunto con los libertarios para validar la reforma. En la vereda opuesta, el bloque peronista mantuvo la unidad al momento de la votación en general, manifestando su rechazo total a la iniciativa que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Senadores para convertirse en ley.
Penas máximas, alternativas de reinserción y el financiamiento para las provincias
El articulado del proyecto no solo se limita a la edad de los menores, sino que reestructura las condenas aplicables. Se establece una pena máxima de 15 años de prisión efectiva para aquellos adolescentes que cometan delitos de extrema gravedad, tipificados como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. No obstante, la normativa ofrece un abanico de penas alternativas para los ilícitos que conlleven condenas inferiores a los 10 años. Entre estas opciones se encuentran la amonestación, la prohibición de acercamiento a las víctimas, la realización de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño causado y la inhabilitación para conducir vehículos o concurrir a ciertos lugares.
Un aspecto central de la discusión fue el tratamiento y alojamiento de los menores condenados. La ley prohíbe terminantemente la convivencia de menores con detenidos mayores de edad. Se dispone la creación y utilización de institutos especiales que deberán garantizar derechos fundamentales como el acceso a la educación, la atención médica y, en caso de ser necesario, tratamientos para adicciones. Todo el personal a cargo de estos centros de detención deberá contar con especialización en infancia y adolescencia. Asimismo, para infracciones leves, se habilita la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba, siempre que exista consentimiento expreso de la víctima y participen todas las partes involucradas.
Finalmente, la viabilidad económica de la reforma fue un punto de negociación con los mandatarios provinciales. En la última versión del texto, el Gobierno Nacional incorporó un artículo que asigna recursos específicos para la implementación del régimen. El monto total asciende a $23.739.155.303, distribuidos en $3.131.996.784 destinados al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. Este agregado presupuestario respondió a la advertencia de los gobernadores, quienes habían anticipado que no acompañarían la medida si los costos operativos recaían exclusivamente sobre las arcas provinciales.
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