Diputados impulsa declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027

Informate en DiarioPampero.com – La Cámara de Diputados dio dictamen a un proyecto que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027, impulsado por Daniel Arroyo. Responde al ajuste del Gobierno, que recortó pensiones y desfinanció servicios. Propone actualizar aranceles, garantizar pensiones al 70% del haber mínimo y regularizar deudas de prestadores. Con amplio apoyo político, busca proteger salud, educación y trabajo, frente a la crisis y el “maltrato” estatal.

El proyecto liderado por Daniel Arroyo busca garantizar derechos esenciales para personas con discapacidad frente al ajuste del Gobierno. Con amplio apoyo político, propone actualizar prestaciones, proteger pensiones y fortalecer servicios, en un contexto de recortes y crisis.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados logró el 20 de marzo de 2025 un dictamen de mayoría para un proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), responde a la crisis agravada por los recortes del Gobierno de Javier Milei, que incluyen la baja de pensiones no contributivas, el congelamiento de aranceles y el vaciamiento de instituciones prestadoras. El texto, respaldado por legisladores de diversos bloques, busca asegurar el acceso a salud, educación, trabajo y protección social, alineándose con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 27.044).

El proyecto establece medidas concretas: actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizar el financiamiento de pensiones y programas de atención integral, y regularizar deudas de prestadores, condonando multas e intereses. También propone una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y fomenta la participación de organizaciones de personas con discapacidad en políticas públicas. Arroyo destacó el respaldo de figuras como Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño y Mónica Fein, entre otros, reflejando un consenso transversal.

Crítica al ajuste y retrocesos del Gobierno

La iniciativa surge en un contexto crítico. Organizaciones como el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncian un “abandono” estatal, con instituciones cerrando por falta de fondos y familias enfrentando barreras para acceder a tratamientos. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo Diego Spagnuolo, ha sido cuestionada por resoluciones que usan términos estigmatizantes como “idiota” o “imbécil” y por auditorías que, según Arroyo, generan “malestar y maltrato” al exigir documentación confusa, afectando a miles de beneficiarios. En 2024, de 500,000 solicitudes de pensión, solo 586 fueron aprobadas, evidenciando un ajuste severo.

El proyecto también critica el retorno al concepto de “incapacidad laboral” para evaluar pensiones, un criterio desactualizado que ignora el modelo social de la discapacidad. Organizaciones como REDI y ACIJ advierten que menos del 25% de las personas con discapacidad reciben pensiones, y los recortes presupuestarios para 2025, que incluyen la eliminación de 177,000 pensiones, agravan la vulnerabilidad del colectivo. La movilización del 15 de abril en Plaza de Mayo, reprimida por la policía, y el acto del 8 de abril frente al Congreso reflejan la urgencia del reclamo.